Deploran en Suiza la condena a Garzón
“Esta decisión es como si en Suiza se condenara a Dick Marty" (que desveló la existencia de cárceles secretas de la CIA y otros crímenes), dijo Franco Cavalli, mientras que Carla del Ponte calificó de peligroso el fallo en contra del juez.
El veredicto de inhabilitación por 11 años a Baltasar Garzón cayó como un balde agua fría no solo en España, sino en diversos países del mundo, incluida Suiza donde diversas personalidades han manifestado su apoyo al magistrado español.
“Garzón hizo mucho de positivo en contra de las dictaduras latinoamericanas y ahora en contra del franquismo. Esta sanción expresa que no quieren que se haga un debate serio sobre el franquismo en España”, agregó Cavalli, ex senador, ex presidente de la Unión Internacional contra el Cáncer e impulsor de diversas estrategias sanitarias en América Latina.
Baltasar Garzón, cuya decisión de investigar los crímenes del franquismo creó una gran polémica dentro y fuera del país, fue condenado por el Tribunal Supremo español por haber ordenado escuchas ilegales durante la investigación de una red de corrupción en 2009 que salpicó a cargos del Partido Popular que ahora gobierna en España.
Conocido a nivel internacional por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1988; las investigaciones de los crímenes de las dictaduras argentinas y sus éxitos de 20 años de lucha contra la organización separatista ETA, el juez español anunció que acudirá a las instancias pertinentes “para combatir la sentencia”.
Del Ponte: mensaje negativo
“El mensaje de la justicia española es absolutamente negativo. Crea un precedente muy peligroso”, advirtió Carla del Ponte, ex procuradora del Tribunal Penal Internacional para la otrora Yugoslavia.
En declaraciones a la radio suiza de expresión italiana (RSI) la ex magistrada indicó que al enterarse del fallo contra Garzón lo llamó inmediatamente para expresarle su solidaridad.
“Hablé con él y llegamos a la conclusión de que (el fallo) es una condena puramente política.
Parcialización de la justicia
“Nos encontramos nuevamente frente a una clásica parcialización de las autoridades judiciales cuando la causa por juzgar tiene un carácter y trasfondo político que podría tocar sus propios intereses o los de familiares o correligionarios suyos”, destacó el ex embajador Walter Suter, cuyo ejercicio diplomático lo llevó por España y diversos países latinoamericanos.
“Durante el franquismo existió un plan sistemático de eliminación de personas y por eso miles de seres humanos continúan desaparecidos”, agregó el también representante del Partido Socialista Suizo. “Para que pueda actuar la justicia, sentenció, hay que encontrar la verdad”.
“Vergüenza de ser española”
“Es un insulto a la democracia y al Estado de Derecho. Siento vergüenza de ser española. Se sacrifica a este señor mientras que los acusados por el caso Gürtel siguen igual y se castiga a Garzón”, dijo a su vez la diputada socialista en el Parlamento de Ginebra, Loly Bolay, de origen español.
“Es un asunto donde la envidia ha jugado un papel importante en el ataque sobre este juez honesto e íntegro. Ha pagado la consecuencias de que en España no se respete el Estado de Derecho. Si Garzón presenta un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo, veremos si el país resulta castigado”.
España mantiene sus demonios
“Me parece increíble que el juez Garzón, que fue felicitado a nivel internacional por su trabajo a favor de la memoria, ahora sea condenado en su propio país por tratar de clarificar los crímenes del franquismo”, declaró Antonio Hodgers, diputado del Partido Ecologista Suizo.
“Es una flagrante agresión y sanción política. Estoy indignado y triste al comprobar que España, un país tan importante, no pueda superar los demonios de su pasado franquista. Espero que haya una movilización de la población española contra esa sanción”, agregó el parlamentario de origen argentino y cuya familia fue víctima de la dictadura militar.
Pedimos respeto
Antonio Hodgers es uno de los promotores del texto de apoyo a Baltasar Garzón y a las víctimas del franquismo, que 60 diputados suizos habían emitido al inicio del proceso contra el juez. “Por medio de esta declaración expresamos nuestra total adhesión al trabajo jurídico emprendido por el juez español Garzón concerniente a los crímenes contra la humanidad.
“Este legítimo proceso tiende a considerar que más allá de cualquier amnistía arreglada por el poder político, las miles de ejecuciones y desapariciones forzadas perpetradas por la dictadura del ‘Caudillo’ constituyen un crimen contra la humanidad”.
Los 60 firmantes, procedentes de diversas formaciones políticas, subrayaban que “en homenaje a las víctimas de ayer y de hoy, de España y de otros países, pedimos un firme respeto del derecho internacional y pedimos que el juez Garzón pueda continuar su trabajo de investigación”.
Crítican métodos
En España, los medios de comunicación se mostraron divididos en cuanto a la percepción de la condena. “Garzón neutralizado”, lamentó el diario ‘El País’, de corte liberal, al destacar el importante papel del juez en la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas y la delincuencia organizada, así como en favor de los derechos humanos violados por las dictaduras.
‘El Mundo’, diario de centro derecha, compara las escuchas ilegales que se reprochan al juez Garzón, a las prácticas de “regímenes totalitarios en los que todo es considerado válido para obtener la información buscada”.
En su titular, el conservador diario ‘ABC’ expresa su coincidencia: “inhabilitado para ejercer durante 11 años por sus métodos totalitarios”.
Se han presentado tres causas judiciales contra Baltasar Garzón ante el Tribunal Supremo español: dos por prevaricación y una por cohecho impropio.
En el proceso contra la trama de corrupción Gürtel (financiación ilegal), en la que están implicados varios miembros del conservador Partido Popular (PP) Garzón fue declarado culpable el pasado 10 de febrero por prevaricación al haber intervenido las comunicaciones de los imputados con los abogados defensores.
La sentencia argumenta que Garzón recurrió a “prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa”.
El Tribunal Supremo condenó al juez -suspendido desde 2010- a once años de inhabilitación. Garzón había justificado las escuchas con el argumento de que los abogados estaban bajo sospecha de incurrir en complicidad con los imputados.
Según la acusación, Garzón atentó contra el derecho constitucional a la confidencialidad. El magistrado de la Audiencia Nacional, en cambio, mantuvo que las escuchas habían contado con el aval del Ministerio Fiscal.
En un segundo proceso, pendiente de sentencia, se le acusa de prevaricación por haber excedido sus prerrogativas como juez al permitir investigar los crímenes del régimen franquista a pesar de la vigente Ley de Amnistía de 1977. Esta causa fue iniciada por dos organizaciones de la extrema derecha española que consideran incumplida esta ley.
Los partidarios de Garzón creen que este proceso persigue el fin de liquidar a un juez fastidioso que se atreve a esclarecer el tema tabú de los crímenes franquistas. Los adversarios sostienen que con sus investigaciones intenta deliberadamente abrir viejas heridas.
La Ley de Amnistía prohíbe cualquier actuación judicial que tenga por objeto investigar los delitos cometidos con “intencionalidad política” durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Franco (1939-1975).
En un tercer proceso, se imputa al juez por cohecho impropio. Se le acusa de haber aceptado que el Banco Santander le financiase un curso en Nueva York en 2005.
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