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El asilo a la hora de la privatización

Solicitantes de asilo llegando al centro de registro de Kreuzlingen, en el cantón de Thurgau.

El cantón suizo de Friburgo decidió recientemente confiar a una empresa privada las tareas en torno a los solicitantes de asilo que llegan a su territorio, un desempeño que realizó durante 24 años la Cruz Roja.

Este contenido fue publicado el 27 noviembre 2007 - 10:00

Los cantones se adaptan a la nueva Ley Federal del Asilo, que tiende a endurecer las reglas para los refugiados.

Actualmente, cerca de 870 personas en promedio solicitan cada mes asilo en Suiza. La mayoría de ellos entregan su solicitud formal en uno de los cuatro centros de registro en el país, a cargo de una empresa privada.

En la década pasada, el gobierno federal fue uno de los primeros en inclinarse por la privatización en ese sector al confiar las tareas a la empresa ORS Service SA (Organización para mandatos especiales), una compañía nacida hace quince años en Zúrich y que abrió el camino a otras colectividades públicas.

La ORS se ocupa del asilo en varias comunas, sobre todo en la parte germanófona del país, y a nivel cantonal en Zúrich, Basilea-Campo y Solothurn. El nuevo cliente en su lista es Friburgo que se ha decidido acudir a sus servicios en lugar de los de la Cruz Roja.

Serie de críticas

El escenario se repitió tal y como ocurrió e Solothurn, donde la ORS le ganó la tarea a la organización humanitaria Caritas, una decisión que provocó voces críticas. La izquierda friburguesa criticó que el mandato sin fines lucrativos quedara en manos de una sociedad anónima.

A escala nacional, las asociaciones activas en el sector del asilo también formularon reproches contra de las actividades de la ORS. Atizando el fuego, la empresa contrataría a personal poco calificado, tendería a reducir salarios y se inclinaría por la seguridad, en detrimento de la visión humanitaria del asilo.

"¡ORS no es Blackwater!", indica Yann Golay, portavoz de la Organización Suiza de Ayuda a los Refugiados (OSAR). Los empelados que trabajan allí realizan una tarea de calidad, pero está claro que la ORS tiene una forma de actuar dirigida más hacia la seguridad que en el caso de una institución estatal o una organización de ayuda."

Una forma de trabajo que, en todo caso, no disgusta al gobierno federal. El portavoz de la Oficina Federal de Migraciones (OFM), Jonas Montani, señala que los responsables de los centros de registro federales están satisfechos con el desempeño de la ORS.

"Si todos esos reproches fueran ciertos, uno podría preguntarse por qué la ORS trabaja en ese sector desde hace más de quince años", subraya por su parte Eric Jaun, al frente de la empresa. Si bien asegura que "ningún centavo de beneficio obtenido es a costa de los solicitantes", no comunica cifras exactas de las ganancias. La prensa calcula una cifra de negocios de 25 millones de francos.

El brazo represivo del Estado

El hecho de recurrir a la empresa ORS refleja una doble tendencia hacia la privatización de las tareas del Estado y hacia el endurecimiento de la Ley de Asilo –consecuencia del voto popular de septiembre de 2006- que no está a favor de las obras caritativas.

Volviendo a la situación en el cantón de Friburgo, la ORS inició allí sus tareas en 2006 cuando la Cruz Roja rechazó el mandato relacionado con los solicitantes de asilo rechazados o con aquellos cuyos expedientes no reúnen las condiciones para ser tratados. En ese momento la institución humanitaria temió convertirse en el brazo represivo del Estado, una posición contraria a sus valores.

El director de la Cruz Roja friburguesa, Charles Dewarrat, hace valer los principios de su organización, pero también el hecho de que las asociaciones de utilidad pública son el mejor medio para administrar los movimientos del personal que implica el mandato del asilo. Dewarrar cita el ejemplo del cantón de Vaud, donde será estatizadad la fundación privada Fareas, que se encarga de los solicitantes de asilo.

Lógica financiera criticada

En tanto responsables de la gestión del asilo, los cantones deben enfrentarse al déficit en ese sector.

La entrada en vigor, a partir del 2008, de la supresión de la ayuda social a los solicitantes de asilo rechazados aún inflará la factura, puesto que disminuirán los montos federales dirigidos a los cantones.

"Estos últimos tres años, el cantón se ha encargado de cubrir el déficit en el ámbito del asilo. Para el 2008 se calcula en 3 millones de francos. Si hubiésemos renovado el mandato a la Cruz Roja habría alcanzado los 3,8 millones", explica Hans-Jürg Herren, secretario general de la Dirección de Asuntos Sociales del cantón de Friburgo.

Las asociaciones de ayuda a los solicitantes de asilo rechazan esa lógica financiera, a juicio de Bathasar Glättli, secretario general de 'Solidarités sans frontières': "Desde la década de los años 1990 el financiamiento se volvió un aspecto de influencia más importante para los cantones. Tienen el interés de que los solicitantes estén en números negros, de lo contrario deben pagar de su bolsillo. Para nosotros el objetivo de las subvenciones federales no debe ser el de hacer ganar dinero a los cantones, sino de hacer lo máximo posible en el sector de la integración."

swissinfo, Carole Wälti
(Traducido del francés por Patricia Islas Züttel)

Contexto

En septiembre de 2006, 68% de los ciudadanos suizos aprobaron en las urnas el endurecimiento a la Ley del Asilo, la novena revisión de esa legislación desde 1984.

De acuerdo a las nuevas reglas, los solicitantes de asilo en espera de ser reenviados a sus países de origen pueden ser detenidos por un tiempo prolongado.

Aquellos cuya solicitud fue rechazada no tienen derecho a la ayuda social del Estado, y las personas que lleguen sin documentos son excluidos de todo procedimiento.

La admisión por motivos humanitarios fue suprimida.

Además de esas restricciones, la nueva ley facilita el reagrupamiento familiar y el acceso al mercado de trabajo para los solicitantes de asilo admitidos a título provisional.

Una parte de las nuevas medidas entraron en vigor el primer día de 2007 y las disposiciones restantes-, entre ellas, la supresión de la ayuda social a todos los solicitantes rechazados- entrarán en vigor a partir del 1° de enero de 2008.

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Ligero aumento de las solicitudes en 2006

De acuerdo a los datos disponibles más recientes, cerca de 10.500 personas solicitaron asilo en 2006. Es decir, 500 más que en el año precedente (+4,7%). En 2005 se observó un descenso de las solicitudes de casi 30%, con relación a 2004.

En 2006, las nacionalidades más recurrentes en las solicitudes de asilo provinieron de Serbia, seguidas de Eritrea, Irak y Turquía.

En diciembre de 2006, cerca de 45.000 personas estaban concernidas en los procedimientos de asilo en Suiza.

En ese año, 1.834 solicitudes fueron calificadas de injustificadas para ser evaluadas y 5.840 fueron rechazadas tras su análisis. El asilo en Suiza fue acordado a 1.857 personas.

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