ONU: Veterano de DD HH, objetivo en su Brasil natal
El brasileño Paulo Sérgio Pinheiro celebra 25 años de servicio en el sistema de Naciones Unidas. En ese tiempo, Pinheiro ha ocupado diversos puestos de alto perfil en todo el mundo y gran parte de su trabajo se ha centrado en las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, es en su país natal donde Pinheiro enfrenta su mayor amenaza.
El jurista fue incluido recientemente en una lista de profesores, agentes de policía y figuras públicas que el gobierno y los servicios de inteligencia consideran “antifascistas”.
En entrevista con swissinfo.ch, Pinheiro habla de los desafíos de los últimos 25 años, el multilateralismo, el papel central que juegan las víctimas en el trabajo de la ONU y del hecho de ser un objetivo político en Brasil.
swissinfo.ch: Después de 25 años de servicio en la ONU, ¿qué papel cree que puede desempeñar el organismo internacional para proteger los derechos humanos?
Paulo Sérgio Pinheiro: Si pensamos en las Naciones Unidas en su conjunto, desde el principio, los derechos humanos han estado en su centro, comenzando con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Están presentes en las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Todas las agencias de la ONU protegen los derechos humanos en todo el mundo. Pero el organismo más importante que garantiza esto es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, con sus relatores especiales [in situ] desde 1979 que examinan la situación de los derechos humanos en varios países, con la asistencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
¿Ha experimentado alguna frustración debido a los límites del rol internacional?
Solo las víctimas, a quienes prefiero llamar supervivientes, de violaciones de derechos humanos pueden sentir frustración. Aquellos de nosotros que intentamos sacar a la luz las violaciones de derechos y buscar justicia solo nos sentimos frustrados por los organismos de la ONU que no funcionan como deberían. Después de más de 10 años de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra [en Siria, por ejemplo], el mal funcionamiento del Consejo de Seguridad significa que estos crímenes no están siendo juzgados en la Corte Penal Internacional. Esto no solo es frustrante sino también inexplicable para los sobrevivientes de la guerra.
En Burundi, en su primera misión en 1995, había una expectativa real de que se lograría algún progreso. ¿Funcionó?
El relator especial no tiene una varita mágica para cambiar la situación en un país en particular. Pero el hecho de que hubiera relatores especiales y, después de 2016, una comisión de investigación marcó la diferencia. La sociedad civil local es más fuerte y el gobierno se siente empoderado en el área de derechos humanos. Mi mejor interlocutor allí fue el ministro de Derechos Humanos Eugene Nindorera, quien luego se convirtió en director de Derechos Humanos de la ONU para misiones en Costa de Marfil y Sudán del Sur.
Usted también pasó años tratando con Myanmar y su lideresa, Aung San Suu Kyi, cuando todavía estaba bajo arresto domiciliario. ¿Cómo fueron esas reuniones?
Myanmar fue un caso excepcional, porque era un gobierno militar que quería acercarse a los órganos de derechos humanos de la ONU y a la sociedad civil. Durante los primeros cuatro años tuve acceso a todos los lugares e instituciones que solicité. Pero ni yo ni los demás representantes de la ONU en el país respondimos satisfactoriamente a esa apertura. Por lo tanto, el gobierno no pudo justificar nuestra presencia ante la junta militar [que efectivamente gobernaba el país] y finalmente fue derrocado. No volví hasta cuatro años después, en 2007, cuando hubo un levantamiento de los monjes [budistas] y la sociedad civil.
La guerra en Siria tiene ahora casi diez años, y la investigación que dirige ha reunido una cantidad de información sin precedentes sobre la crisis. ¿Qué puede hacerse con esa información?
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria no es un tribunal y no tiene ninguna competencia en negociaciones políticas. El objetivo de estas comisiones es investigar y documentar violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Trabajamos para abordar el derecho a la verdad del pueblo sirio.
Nuestra base de datos ha sido utilizada en investigaciones sobre perpetradores de violaciones de los derechos humanos que se abrieron en diversos países, así como por el Mecanismo Internacional Imparcial e Independiente sobre Siria, que está preparando casos penales para llevarlos en el futuro ante los tribunales.
2020 también marca el 75 aniversario de la ONU. ¿Qué hay para celebrar?
Hay más para conmemorar que para lamentar. Imaginemos que la ONU no existiera. Los conflictos internacionales serían mucho más intensos, las crisis humanitarias no se abordarían y las garantías de los derechos económicos y sociales serían aún menores. Y la aplicación, aunque defectuosa, de los principios de la Declaración Universal y las convenciones de derechos humanos sería aún menos eficaz. Brigitte Lacroix, mi asistente en Burundi, me dijo cuando se fue: “Paulo, lo que realmente importa es lo que harás por las víctimas. Desde la perspectiva de los sobrevivientes, debemos alegrarnos porque están en el centro de nuestras acciones “.
La ONU y el multilateralismo se encuentran en una encrucijada, y la respuesta a la pandemia lo demuestra. ¿Existe un riesgo real para el sistema?
La pandemia ha dejado al descubierto la desigualdad, la concentración de ingresos y el racismo que siguen imperando en casi todas las sociedades, tanto del Norte como del Sur. Nadie ha escapado. Los pobres se empobrecen más, la situación sanitaria de los pobres ha empeorado, no solo por la falta de atención a los afectados por la COVID-19, sino porque no todos se benefician con el derecho a la asistencia sanitaria.
No creo que después de la pandemia haya automáticamente una mayor solidaridad […] o una mejor atención a los marginados. Para que esto suceda, los Estados miembros de la ONU, en lugar de negar recursos al sistema, como hicieron con la OMS, tienen que aumentar su apoyo político y recursos financieros a la ONU.
Pinheiro, nacido en Río de Janeiro, ha ocupado varios cargos dentro del sistema de la ONU, incluido el de relator especial para Burundi y relator especial de Derechos Humanos para Myanmar. Desde 2011, ha dirigido la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria. Pinheiro se desempeñó como secretario de Estado de Derechos Humanos durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso en su Brasil natal.
¿Su ciudadanía brasileña le ha ayudado en su trabajo internacional durante los últimos 25 años?
América Latina, como dice un exembajador de Francia en Brasil, Alain Rouquié, en uno de sus libros, es el “extremo occidente”, una categoría aparte del mundo occidental. Debido a que están en este grupo, los brasileños son percibidos como independientes. Tras el regreso a la democracia en 1985 y hasta la administración de Dilma Rousseff [en 2016], Brasil fue considerado un intermediario honesto, un negociador confiable. Porque durante este período nunca negamos violaciones graves de derechos humanos en Brasil. Todos los países querían estar en la foto con Brasil, hasta que tuvo lugar el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Brasil siempre estuvo presente para las resoluciones más sensibles, como la homosexualidad, el racismo y la violencia contra mujeres y niños. Creo que el aura de Brasil ciertamente me ha beneficiado.
Usted fue incluido en una lista [de los llamados “antifascistas”] preparada por el Ministerio de Justicia en Brasil este verano – una especie de expediente de quienes cuestionan al gobierno.
Fue un extraño honor haber sido incluido, cuando hubiera bastado con abrir Google para ver lo que pienso, digo y hago en Brasil, en organismos de la ONU y en todo el mundo. Fue una lamentable iniciativa para resucitar los abominables expedientes de espionaje político de la dictadura militar.
Afortunadamente, la Corte Suprema Federal tomó una decisión histórica, en una votación de 9 a 1 el 21 de agosto, para prohibir al Ministerio de Justicia distribuir estos informes sobre lo que piensan y hacen ciertos ciudadanos.
Traducido del inglés por Marcela Águila Rubín
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