Exigen a Perú cumplir con derechos humanos
A un año de publicado el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, representantes de la sociedad civil europea demandan una respuesta de Lima.
Diversas organizaciones emiten en Suiza la ‘Declaración de Appenzell’ y envían una carta al presidente Alejandro Toledo.
La Declaración de Appenzell, denominada ‘Yuyanapaq’ –que en quechua significa ‘para guardar la memoria’- fue elaborada durante un encuentro realizado en esa ciudad helvética del 29.07.04 al 02.08.04 y en el que participaron 80 representantes de organizaciones civiles europeas.
El texto “será ampliamente difundido este 28 de agosto, al cumplirse el primer aniversario del informe”, señala a swissinfo Denis Cattin, uno de los organizadores de la iniciativa y ex voluntario (1981-1985) de la ONG ‘E-Changer’ en Perú.
Para Cattin, el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha sido un paso significativo para esclarecer el drama que vivió ese país sudamericano entre 1980 y el 2000.
La voz de miles de víctimas
“Nos impresiona y alegra que el documento haya recogido la voz de 17.000 personas que sufrieron directamente la violencia de la guerra interna”, señala nuestro interlocutor.
La CVR estima que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia en Perú durante el periodo de referencia es de 69,280 personas.
“Estas cifras superan el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente”, anota la Comisión.
A pesar de la activa participación oficial en la investigación, “constatamos que durante el último año no se han dado pasos sustanciales para aplicar las recomendaciones de la CVR y en ese contexto surge la Declaración de Appenzell”, precisa Denis Cattin.
A guisa de ejemplo: La CVR ha presentado cerca de 50 expedientes a la Fiscalía de la Nación sin que hasta la fecha hayan sido juzgados, por los tribunales correspondientes, los responsables de los crímenes denunciados.
Red europea con fuerte presencia suiza
La Declaración fue suscrita por representantes de organizaciones de Alemania, España, Francia, Holanda, Italia y Suiza que se solidarizan con Perú y que desde 1995 se reúnen sistemáticamente para dar seguimiento a la dinámica en ese país sudamericano.
El encuentro de Appenzell es el quinto de esta índole. El primero, en 1995, también tuvo lugar en Suiza, y los siguientes en España, Alemania y Francia.
“Con esta red no pretendemos reemplazar el trabajo que cada uno de nosotros realiza en sus respectivas realidades y países”, explica Denis Cattin. “Por el contrario, nos reunimos cada dos o tres años para poner en común nuestras informaciones, reflexión y experiencias”, enfatiza.
¿Cuáles son los siguientes pasos?
“Nos proponemos difundir ampliamente esta declaración haciéndola llegar a los gobiernos y parlamentos de los países de donde venimos. En nuestro caso, en Suiza, la enviaremos a los diputados, pensando que nuestros gobiernos deben presionar para que las recomendaciones del informe de la CVR sean efectivamente aplicadas”.
La experiencia de la justicia
La preocupación es creciente. “Ante un excelente informe que expresa un gran compromiso, neutralidad y profesionalismo, no percibimos hechos concretos para reparar esas gravísimas violaciones de los derechos humanos”, puntualiza Cattin.
Añade que por ello es importante mantener el activismo y la vigilancia.
“No queremos que quienes durante veinte años sufrieron en carne propia el azote de la violencia se queden sin el derecho de vivir una experiencia de justicia, verdad, reconciliación y paz”, concluye.
swissinfo, Sergio Ferrari
El 28.08.03, la CVR presentó un informe sobre violaciones de los derechos humanos en Perú de 1980 al 2000.
La Comisión estima que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es de 69,280 personas.
“Esa cifra supera el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras ocurridas en sus 182 años de vida independiente”, asienta la CVR.
La Declaración de Appenzell, suscrita por 80 representantes de la sociedad civil europea, exige la aplicación de las recomendaciones de la CVR.
El documento, que recoge el testimonio de 17.000 personas, busca que gobiernos y parlamentos europeos presionen al Ejecutivo peruano para que el informe de la CVR no sea letra muerta.
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