Suiza aboga por la paz en Colombia ante la ONU
En una declaración presentada durante la actual sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, la Confederación Helvética pone acento en la delicada situación en Colombia.
Ese país es prioritario en la política suiza por la defensa de la paz y de los derechos humanos.
Suiza pide en su declaración que el gobierno colombiano y las otras partes en conflicto en ese país sudamericano apliquen las recomendaciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y respeten el derecho humanitario de la población.
Asesinatos, secuestros, reclutamiento de menores de edad en las fuerzas beligerantes y el uso de minas antipersona también son hechos, nada nuevos, que inquietan a la delegación suiza, presente en el 60° período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH), que se desarrolla en Ginebra del 15 de marzo al 23 de abril.
El documento helvético pone especial acento a las violaciones de las que son objeto los grupos más vulnerables de la población colombiana, como son los indígenas, los afro-colombianos y las mujeres.
El suizo Jean-Daniel Vigny, quien encabeza la delegación helvética en Ginebra, conversó personalmente sobre esas preocupaciones ante un grupo de trabajo especial de Naciones Unidas, el pasado martes 13 de abril.
“Un hecho que es, por si sólo, un signo político importante”, explicó Janine Voigt, experta para Colombia en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza.
La sección política IV del Ministerio, encargada de colaborar en la búsqueda de soluciones a conflictos civiles en el exterior, se ocupa del tema Colombia desde hace ya varios años.
En el caso colombiano, su objetivo principal es reforzar el respeto a los derechos humanos y abrir caminos para la negociación de soluciones en la esfera político-diplomática.
Actualmente Suiza preside un grupo de 24 Estados que el año pasado emitió una declaración que avizoraba nuevos horizontes:
El gobierno dirigido por el presidente Álvaro Uribe obtuvo el respaldo del grupo, bajo la condición de que fuera respetado el Estado de Derecho y que las recomendaciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas fueran impulsadas con prontitud.
Caso omiso a las recomendaciones
Pero esto no ocurrió: el Alto Comisionado onusiano hizo público recientemente un informe sobre la situación colombiana en el que se indica que continúan las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al derecho humanitario de la población.
El documento de este brazo de Naciones Unidas lamentó también “el incremento de quejas sobre detenciones arbitrarias o ilegales, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales”.
Vigny dijo ante el grupo de trabajo en Ginebra que los medios militares para tareas antiterroristas en Colombia sólo pueden ser utilizados bajo orden de la policía criminal.
El gobierno colombiano debe proteger los derechos individuales en el marco de las normas internacionales, apeló el jefe de la delegación suiza.
Miedo a más represión
Las organizaciones de la sociedad civil temen que el proyecto de ley antiterrorista colombiano conduzca a mayor represión en torno a la libertad de expresión y a la de prensa.
También creen que se sucederían más detenciones bajo sospechas infundadas y que las fuerzas militares podrían adjudicarse facultades judiciales que no les corresponden.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos advirtió igualmente que el proyecto de ley contradice las recomendaciones de la ONU. Con él, Uribe ha antepuesto su defendida política de seguridad militar al derecho internacional.
La situación del país – considerada como la mayor crisis humanitaria en el hemisferio occidental- es aún dramática: Colombia tiene el mayor índice de violencia, asesinatos, secuestros y desapariciones del mundo. Y la impunidad permanece en torno a la mayoría de estos casos.
“Pese a la situación de conflicto se debe obtener un mínimo de respeto a la seguridad, garantizado por instancias civiles y no militares”, subrayó por su parte Janine Voigt, del Ministerio de Exteriores suizo.
Apoyo a la sociedad civil
La sociedad civil es la más perjudicada. Entre los frentes en conflicto se encuentran frecuentemente las comunidades indígenas. “Se repiten las masacres en nuestros territorios. Se apoderan de ellos y los destruyen. Vivimos como prisioneros”, indicó Abadio Green Stocel, teólogo y presidente de la Organización Indígena de Antioquia (OIA).
El líder indígena hace un recorrido actualmente por diversas ciudades europeas, entre ellas Ginebra y Berna, a fin de obtener apoyo para una misión humanitaria de observación ante las constantes expulsiones de las comunidades indígenas tras la apropiación de sus tierras, encabezadas por unidades paramilitares.
“Participaríamos en el marco de una comisión humanitaria para observar la situación”, comentó al respecto Janine Voigt.
Pero en las negociaciones subsecuentes deberá participar también el gobierno colombiano.
Entre tanto, “la población civil debe ser protegida de los ataques de los grupos en conflicto y debe ser fortalecido su papel en el proceso de paz”, puntualizó la representante del Ministerio de Exteriores suizo.
swissinfo y Viera Malach de Infosüd
(Traducido por Patricia Islas)
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