A prisión 9 de 12 detenidos por presunta corrupción judicial en caso ‘Purga’ en Ecuador

Quito, 5 mar (EFE).- Nueve de los doce detenidos en Ecuador por el caso ‘Purga’, que destapó una presunta trama de corrupción judicial, pasarán a prisión provisional, entre ellos el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte de Justicia de la provincia de Guayas, María Fabiola Gallardo. Tras una larga audiencia judicial donde la Fiscalía imputó a los detenidos el delito de delincuencia organizada, el juez Javier de la Cadena dictaminó el arresto domiciliario para el juez Reinaldo Cevallos por ser una persona de la tercera edad, y dejó en libertad con medidas restrictivas a otros dos procesados. El magistrado también ordenó la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles por un valor de 3,9 millones de dólares y dispuso la retención de cuentas que los procesados tengan en el sistema financiero nacional. De acuerdo a la Fiscalía, el caso ‘Purga’ es una derivación del caso ‘Metástasis’, con el que en diciembre pasado se destapó una presunta gran trama de corrupción judicial, policial y carcelaria con 39 detenidos a raíz del análisis de las comunicaciones telefónicas del presunto narcotraficante y lavador de dinero Leandro Dinero, asesinado en cárcel en 2022. Para el Ministerio Público, los procesados en el caso ‘Purga’ «estarían involucrados en el presunto cometimiento de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico, todo en detrimento de los intereses del Estado». La Fiscalía sostuvo que la trama llegó a favorecer judicialmente al narcotraficante José Adolfo Macías Villamar (‘Fito’), líder de la banda criminal Los Choneros, que entre finales de 2023 e inicios de 2024 se fugó de la cárcel de Guayaquil donde cumplía una condena de 34 años de prisión por narcotráfico, homicidio y delincuencia organizada. Según el mismo Ministerio Público, el exasambleísta Muentes «habría financiado la campaña y la operatividad de María Fabiola Gallardo como presidente de la Corte Provincial de Guayas», y a cambio «él y su esposa se beneficiaron de fallos judiciales para obtener una indemnización de casi 4 millones de dólares». Además, a través de su intervención, el primo de exparlamentario (también investigado) se apropió a través de fallos judiciales de un terreno valorado en 200.000 dólares, sin soporte documental que legitime la compra del mismo, apuntó la Fiscalía. También imputó a Muentes haber usado presuntamente su poder político para que se archiven cuatro sumarios administrativos abiertos contra Gallardo en 2023, con la colaboración de la directora provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas y de su asesor. La Fiscalía también sostuvo que Gallardo «habría emprendido acciones para contactar a ‘Fito’ en procura de obtener un beneficio económico a cambio de su fallo», cuando era parte del tribunal que debía revisar la apelación las autoridades penitenciarias de que no siguiese encarcelado en La Roca, la prisión de máxima seguridad de Ecuador. EFE fgg/laa