Abogada TJUE: es lícito incluir en sanciones de UE a empresarios que den ingresos a Rusia

Bruselas, 5 jun (EFE).- La inclusión de empresarios en las listas de medidas restrictivas de la Unión Europea (UE) por su implicación en sectores económicos que proporcionan ingresos sustanciales al Gobierno ruso es lícita, incluso sin demostrar un comportamiento concreto o vínculo con el régimen, según argumentó este jueves una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Es la principal conclusión de la abogada general del TJUE Laia Medina tras analizar los recursos de casación interpuestos ante el Tribunal por los empresarios Dmitry Pumpyanskiy, Tigran Khudaverdyan, Viktor Rashnikov, Dmitry Mazepin y German Khan contra la decisión del Consejo de la Unión Europea (UE), que los incluyó en las medidas restrictivas adoptadas en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

Las conclusiones del abogado general no son vinculantes, pero suelen orientar la decisión final del tribunal.

El Consejo de la Unión Europea (UE) incluyó en marzo de ese año a estos empresarios en las listas de sanciones de la Unión, adoptadas tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, argumentando que ocupaban puestos directivos o eran propietarios de empresas en sectores estratégicos de la economía rusa que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso.

Posteriormente, los empresarios decidieron elevar el caso al Tribunal General de la UE, que desestimó en 2023 sus recursos contra el Consejo y avaló su interpretación.

En consecuencia, decidieron interponer ante el Tribunal de Justicia recursos de casación separados contra esas cinco sentencias.

En sus conclusiones presentadas hoy, la abogada general Medina propone al TJUE que desestime los recursos de casación y respalde la interpretación del Tribunal General sobre el criterio de inclusión en las listas y su apreciación sobre la validez e idoneidad de ese criterio.

Medina subrayó que el término «principales empresarios» incluido en dicho criterio se refiere a la importancia del empresario en el sector económico en el que está implicado, sin que sea necesario que el Consejo demuestre una influencia sobre el Gobierno de la Federación de Rusia o un vínculo entre esa persona y el régimen de dicho país.

Siguiendo el razonamiento del Tribunal General, la abogada general consideró que hay un vínculo racional entre dirigirse contra empresarios implicados en sectores que proporcionan ingresos sustanciales al Gobierno ruso y el objetivo de las medidas restrictivas, ya que dificultar sus actividades puede perjudicar a la economía de Rusia y aumentar los costes de la agresión militar contra Ucrania.

También recordó que estas medidas se adoptan con el propósito de ejercer presión sobre el Gobierno ruso, mediante la reducción de recursos financieros disponibles para poner fin a la agresión contra Ucrania. EFE

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