Los jueces progresistas de la Corte Suprema de Estados Unidos parecían deseosos el martes de ofrecer la posibilidad de libertad condicional a los miles de inmigrantes sujetos a una detención prolongada, en un contexto de represión contra los indocumentados promovida por el presidente Donald Trump.

Estas detenciones prolongadas, que transcurren sin que los extranjeros sean presentados ante un juez, "transmiten el mensaje de que no somos un país de derecho, de que somos un país donde la arbitrariedad reina en la forma en que arrestamos y encarcelamos a las personas", dijo la magistrada Sonia Sotomayor.

Tal es el caso de los extranjeros detenidos cuando cruzan de manera ilegal la frontera o de aquellos que son arrestados por una falta y deciden recurrir a la justicia para permanecer en Estados Unidos. Ellos corren el riesgo de pasar meses, e incluso años, detenidos.

La jueza Elena Kagan, también del cuarteto progresista de la Corte Suprema, señaló que "tienen derechos constitucionales, no deben ser torturados, no deben ser sometidos a trabajos forzosos. Y, por qué no, lo que es lo suficientemente cercano, no deben ser puestos en prisión arbitraria".

La organización de defensa de los derechos civiles American Civil Liberties Union (ACLU) considera inaceptable esta situación y decidió apoyar un recurso judicial colectivo presentado por el mexicano Alejandro Rodríguez y otros extranjeros.

El caso ya había sido llevado ante la Corte Suprema en noviembre de 2016. Pero conformado entonces por ocho magistrados, en vez de nueve, y ante la posibilidad de un bloqueo por empate de votos, el máximo tribunal prefirió aplazar el asunto a la sesión de esta semana.

La Corte Suprema completó en abril de este año su composición normal, de nueve magistrados, con el nombramiento por parte de Trump del conservador Neil Gorsuch.

"Es increíble que un ciudadano que es detenido por cometer un delito sea llevado ante los tribunales en un lapso de 48 horas y si no se logra demostrar que presenta riesgo de fuga o que constituye un peligro para la sociedad queda fuera, pero a un extranjero que no ha cometido ningún delito lo mantenemos detenido durante seis meses sin ninguna audiencia judicial", reclamó David Cole, directivo de ACLU.

- Tres años detenido -

Alejandro Rodríguez llegó muy joven a Estados Unidos. Consiguió la residencia legal y trabajaba como asistente en odontología. Pero detenido por conducir un auto robado y por posesión de drogas, fue sometido a un proceso de deportación.

Pasó tres años detenido, intentando recursos judiciales, hasta que ACLU presentó una demanda y fue liberado. Finalmente, Rodríguez ganó el pleito y obtuvo el derecho a permanecer en Estados Unidos.

Los solicitantes de asilo también enfrentan el mismo problema.

Ahilan Nadarajah, que sufrió tortura en su país natal, Sri Lanka, pidió asilo en Estados Unidos en 2001.

Las autoridades lo mantuvieron bajo detención durante cuatro años y cinco meses, tiempo durante el cual sus solicitudes de liberación eran rechazadas una y otra vez. Al final le fue concedida la nacionalidad estadounidense.

El abogado Ahilan Arulanantham, quien representó el martes a los extranjeros, afirmó que muchas de las personas encarceladas tienen fuertes argumentos en contra de su expulsión y no presentan un riesgo de fuga. Algunos están casados ​​con estadounidenses.

"Cuando la detención se vuelve prolongada, algo es fundamentalmente diferente, por lo que hay que trazar una línea en alguna parte, o se termina con una regla que no es administrable", alegó.

- Similar a condena de prisión -

El representante del gobierno, Malcolm Stewart, defendió la aplicación de la ley tal como estaba, a pesar de la congestión de los procedimientos.

"¿Está usted sugiriendo que si hay un atraso acumulado de cinco años, está bien mantenerlos allí durante cinco años, sin determinar si representan algún riesgo de fuga o si son peligrosos?", le preguntó la jueza Kagan.

"Yo diría que no es inconstitucional", respondió Stewart.

Pero para los detenidos, esos largos periodos privados de libertad no se diferencian de una condena carcelaria, similitud planteada por la jueza Sotomayor. "Entiendo que cuando detienen a extranjeros, les ponen trajes de color naranja, les colocan grilletes en los días de visita y salidas a los tribunales, están sujetos a vigilancia y registros desnudos, y se los refiere por número en lugar de nombre", describió.

La Corte Suprema tomará una decisión sobre este caso a finales de junio de 2018.