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El presidente de EEUU, Donald Trump (centro-izq.), se reúne con varios directores de pequeños bancos locales el 9 de marzo de 2017 en la Casa Blanca, en Washington

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Hawái se convirtió en el primer estado en recurrir ante la justicia el nuevo decreto migratorio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya ofensiva contra la inmigración clandestina parece dar sus primeros frutos.

El fiscal general de Hawái, Doug Chin, anunció el miércoles que había presentado una demanda de suspensión provisional de este nuevo texto, firmado el lunes por el mandatario.

La nueva versión suspende temporalmente la entrada de refugiados y la entrega de visas para los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen), una medida que, según Washington, busca evitar que se infiltren potenciales terroristas en territorio estadounidense.

"Nada ha cambiado en el fondo: la prohibición generalizada de ingresar (a Estados Unidos) desde países de mayoría musulmana (menos uno) persiste", declaró Chin.

Solamente Irak, que figuraba en el decreto inicial, fue retirado de la nueva lista.

James Robart, un juez federal de Seattle (estado de Washington) bloqueó temporalmente el 3 de febrero la aplicación de la primera versión del decreto en todo el territorio estadounidense, alegando que provocaría "un perjuicio irreparable".

Posteriormente, la corte de apelaciones de San Francisco decidió mantener la suspensión, al considerar que el gobierno no había demostrado la inminencia de graves riesgos para la seguridad de Estados Unidos.

En esa ocasión, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, alegó que 300 personas que habían entrado a Estados Unidos con estatuto de refugiado eran objeto de una investigación del FBI por terrorismo, aunque no precisó si estos individuos procedían de los países afectados por el decreto.

- "Concesiones" -

El nuevo texto, que entrará en vigor el 16 de marzo, fue enmendado y atenuado con respecto a la versión del 27 de enero, que movilizó a decenas de miles de personas para pedir al gobierno que diera marcha atrás y provocó confusión y caos en varios aeropuertos.

Trump espera no encontrarse con obstáculos jurídicos esta vez, aunque sus opositores ya prometieron que darán batalla.

Uno de los cambios del nuevo texto es la supresión de la referencia a las minorías religiosas, una forma de evitar las acusaciones de estigmatización de los musulmanes.

Asimismo, protege explícitamente a los ciudadanos con visas válidas y permisos de residencia, algo que no quedaba claro en el anterior texto.

El secretario de Justicia de Washington, Bob Ferguson, anunció este jueves que su estado va a presentar una moción para bloquear el decreto de Trump y aseguró que al menos otros tres estados se le unirán en esta batalla legal.

"Afirmamos que el presidente no puede declararse unilateralmente libre de la orden de prohibición y el mandato de la corte", dijo Ferguson a la prensa.

"Consideramos que la orden de prohibición temporal que obtuvimos sigue en vigor", añadió.

Ferguson, quien había querido tomarse unos días para estudiar el nuevo texto, reconoció que se han producido algunas "concesiones", pero consideró que todavía pueden cuestionarse sus bases constitucionales.

Uno de los aspectos principales que examina es su potencial impacto en este estado del noroeste del país, en el que operan empresas que emplean a muchos extranjeros, como Amazon. Gigantes de la informática como AirBnB o Uber criticaron el decreto inicial.

A la espera de conocer la decisión de la justicia sobre el nuevo texto, el gobierno de Trump se congratuló por su política de lucha contra los emigrantes sin papeles en la frontera mexicana.

- "Disuasión" -

Los agentes de inmigración ahora pueden arrestar a la mayoría de personas en situación irregular que se encuentren mientras estén de servicio, con excepción de quienes llegaron a territorio estadounidense sin papeles siendo niños.

Este refuerzo de los controles parece que ya sirvió para disuadir a potenciales inmigrantes ilegales, ya que las detenciones de "personas no admisibles", es decir, los clandestinos, en la frontera de Estados Unidos con México se redujeron un 40% entre enero y febrero, en lugar de aumentar.

"Estos primeros resultados muestran que la aplicación de las leyes tiene un impacto, que la disuasión tiene un impacto y que una aplicación efectiva de los textos en materia de inmigración tiene un impacto", celebró el secretario de Seguridad Interior, John Kelly.

Las asociaciones de defensa de los inmigrantes habían criticado la política de expulsiones de Barack Obama durante su presidencia, pero los temores de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos se intesificaron desde la llegada de Trump a la Casa Blanca.

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AFP