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Vista de la recepción de las oficinas corporativas de la constructora brasileña Odebrecht, en Santo Domingo, República Dominicana, el 7 de marzo de 2017.

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La constructora Odebrecht, involucrada en un escandaloso pago de sobornos en Brasil y otros países de América Latina, prepara una salida ordenada de sus proyectos públicos en Perú, y apostará por seguir operando en el ámbito privado, mientras sea posible.

La gigante brasileña ha suscrito un acuerdo de "leniencia" o benevolencia en su país de origen, que le permite pagar cuantiosas multas tras haber reconocido delitos y delatado a los funcionarios y políticos sobornados, para poder seguir operando en el ámbito público. Pero en Perú, a donde llegaron en 1979, la situación es diferente.

Luego de que Odebrecht admitiera que pagó 29 millones de dólares entre 2005 y 2014 en Perú para hacerse de obras públicas, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski aprobó una norma que impide que cualquier empresa sancionada por actos de corrupción o que haya admitido su participación en ellos, pueda contratar nuevamente con el Estado.

"La posición del gobierno del Perú no les deja posibilidad de continuar. Por eso, si quien concede los proyectos no los quiere, entonces se van y ponen a la venta todos sus activos que tienen en el sector público en el país. Se espera que sea una salida organizada", dijo a la AFP una fuente del mercado vinculada a la empresa.

La crisis ocasionada por Odebrecht representa un fuerte golpe para la sólida economía peruana, que crecerá 3,8% en 2017, un punto porcentual menos de lo previsto. La firma brasileña participa en millonarios proyectos de infraestructura en el país, un rubro que el gobierno esperaba potenciar, y que ahora se paraliza. Algunas obras tendrán que concesionarse nuevamente.

-Proyectos gigantescos-

Odebrecht se ha ido desprendiendo de proyectos en Perú desde 2016 y anunciado la venta de otros, cuando las secuelas del caso "Lava Jato" -referido al pago de sobornos a políticos y funcionarios a cambio de obras públicas- empezaron a golpear al país.

Entre los que ya se vendieron está el proyecto de irrigación Olmos (norte), al fondo de inversión Brookfield y a Suez. Este tipo de operaciones necesitan el visto bueno del gobierno antes de cerrarse. Las nuevas normas peruanas establecen que Odebrecht debe cumplir primero sus obligaciones antes de contar las ganancias.

Entre los pendientes de venta está la central hidroeléctrica Chaglla (centro), valorizada en 1.400 millones de dólares, la tercera etapa del proyecto de riego Chavimochic (norte), dos concesiones viales, entre otras.

"Es un tema complejo porque es una empresa muy grande que tiene varias obras en marcha en el Perú y lo que debe haber es una salida gradual", dijo recientemente el presidente Pedro Pablo Kuczynski en una entrevista al diario La República.

"El hecho de que esta ola de colaboraciones eficaces y otras revelaciones sea tan fuerte ha hecho imposible una estrategia de retiro gradual. Estamos viendo cómo se retiran sin hacer daño a los proyectos", agregó.

El martes, el gobernante aseguró que "grandes empresas de construcción" están interesadas en dar continuidad a estas obras en Perú. Al volver en enero de la cumbre de Davos, el ministro de Economía, Alfredo Thorne, aseguró que varias firmas habían mostrado su interés en reemplazar a Odebrecht.

- Rubro privado -

Una fuente vinculada a la compañía asegura a la AFP que Odebrecht se enfocará por ahora en el mercado privado, mientras le sea posible permanecer en el país.

Los abogados del Estado, en tanto, no le dejan respiro. "Vamos a determinar el monto de la reparación civil. Es un perjuicio incalculable (el causado al país). El daño ha sido muy grande. No pretendemos a estas alturas negociar con Odebrecht ni con nadie", dijo recientemente la procuradora anticorrupción, Katherine Ampuero, del Consejo de Defensa Jurídica.

A un consorcio integrado por Odebrecht, la local Graña y Montero y la española Enagas se les retiró la concesión para la construcción de un Gasoducto en el sur de Perú, por falta de capacidad financiera.

La brasileña ha señalado que su socia Graña y Montero conocía de los pagos irregulares, denuncia que ocasionó el desplome en bolsa de la firma peruana y la renuncia del presidente del directorio, pese a que negaron los hechos.

Odebrecht ha acusado al expresidente Alejandro Toledo -hoy buscado por la justicia- de recibir 20 millones de dólares a cambio de una carretera.

También admite el pago de 7 millones de dólares durante la gestión de Alan García para ganar la concesión de una línea de metro, y asegura que entregó 3 millones de dólares para la campaña electoral del exgobernante Ollanta Humala. Los abogados del Estado han pedido además investigar a Kuczynski ante la posibilidad de que Odebrecht haya financiado su campaña. Todos niegan los cargos.

AFP