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La primera ministra británica Theresa May, el 17 de enero de 2017, en Londres

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La primera ministra británica Theresa May conocerá el martes la sentencia de la Corte Suprema que podría dar al Parlamento la última palabra sobre el Brexit y complicar sus planes.

Concretamente, la máxima instancia judicial británica decidirá si May puede usar sus poderes ejecutivos para abrir las negociaciones formales de salida de la UE o necesita el permiso de los parlamentarios, tal y como dictaminó en una instancia anterior la Alta Corte.

May prometió activar el artículo 50 del Tratado europeo de Lisboa -puerta de salida del bloque- en marzo como muy tarde, dando pie a dos años de negociaciones para acordar los términos del divorcio.

Se espera que los 11 jueces de la Corte Suprema ratifiquen la decisión de sus colegas, y obliguen a May a pedir permiso al Parlamento, por lo que sus ministros preparan ya la legislación necesaria para minimizar los daños.

No se espera que el Parlamento -donde priman los proeuropeos- impida la activación del artículo 50 porque sería visto como una bofetada a la voluntad popular expresada en el referéndum del 23 de junio, pero los problemas podrían surgir más adelante.

Además, la Corte Suprema podría complicar más el proceso, dictando que los gobiernos regionales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte tienen que aprobar los planes de May.

El líder de los Laboristas, Jeremy Corbyn, se limitó a señalar este domingo que su partido iba a "presentar enmiendas para que se garantice el acceso al mercado único y la protección de los derechos" de los trabajadores.

- 'Un procedimiento adecuado' -

El dictamen de la Alta Corte de noviembre, que fue recurrido por el gobierno, causó indignación entre los partidarios del Brexit, que acusaron a los jueces de tratar de anular el resultado del referéndum.

Un tabloide tildó a los magistrados de "Enemigos del pueblo", y la tensión fue en aumento.

Pero Jo Murkens, profesor de derecho de la London School of Economics, estima que no se trata de anular nada, sino de establecer los límites del poder del ejecutivo.

"Sería mucho más fácil si la primera ministra pudiera hacer lo que le place usando poderes prerrogativos. El problema es que los tribunales no lo permiten desde el siglo XVII", dijo a la AFP.

Es difícil que un dictamen contrario al gobierno le atara las manos en las negociaciones, pero clarificaría "que hay un procedimiento adecuado, y es el Parlamento".

Para Tim Bale, profesor de ciencias políticas en la Universidad Queen Mary de Londres, el mayor problema de May "no es la gente tras ella, o enfrente en la Cámara de los Comunes. Su mayor problema son los 27 jefes de gobierno con los que tiene que negociar".

- 'En tierra de nadie' -

El Partido Nacional Escocés (SNP), unánimemente proeuropeo, tercero en el Parlamento nacional con 56 diputados y gobernando en Escocia, podría entorpecer los planes de May si la corte dicta que las regiones autónomas tienen que dar su visto bueno para iniciar las negociaciones.

Otro escenario desfavorable podría venir propiciado por un empeoramiento de la situación económica que volviera a la opinión pública contra el gobierno en el momento de votar el acuerdo final alcanzado con los socios europeos.

La derrota llevaría seguramente a la convocatoria de nuevas elecciones, pero si la UE se negara a reabrir las negociaciones, el Reino Unido abandonaría la UE sin acuerdo.

En ese caso, algunos especulan que Londres podría revocar la activación del artículo 50, cancelando el Brexit.

"Si el parlamento vota contra el acuerdo, estaríamos en tierra de nadie", dijo Murkens.

El ministro encargado del Brexit, David Davis, aseguró que el país saldría de todos modos de la UE. "El voto (del Parlamento) no cambiaría eso", aseguró.

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AFP