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La entonces vicefiscal general estadounidense, Sally Yates, en rueda de prensa el 28 de junio de 2016 en Washington

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El presidente estadounidense, Donald Trump, en el centro de una tormenta política por su polémico decreto sobre inmigrantes y refugiados, se enfrenta a una creciente resistencia que ya se extiende a sus propios aliados del Partido Republicano en el Congreso.

Menos de dos semanas después de asumir las riendas del país, Trump tiene por delante diversas demandas judiciales en marcha contra su decreto migratorio, descabezó el Departamento de Justicia porque le cuestionó e hizo surgir un coro de críticas desde varios frentes por sus decisiones.

La enorme confusión generada por el decreto del pasado viernes y la ola de protestas que desató se convirtieron el lunes en una crisis abierta después que la secretaria interina de Justicia, Sally Yates, recomendara no defender las medidas sobre inmigrantes y refugiados.

En un gesto que generó un rechazo prácticamente unánime, Trump despidió a la funcionaria mediante una nota oficial en que sostuvo que ella había "traicionado" la voluntad expresada en las urnas en la última elección presidencial.

Este lunes, el senador republicano Cory Gardner, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo a la prensa que el texto del decreto antiinmigrantes firmado por Trump debía ser "arreglado", y añadió que los legisladores no tuvieron acceso al documento antes de recibir la firma del mandatario.

El propio presidente de esa comisión, el también republicano Bob Corker, admitió que desconocía el tenor del decreto.

"Tengo esperanza de que [los funcionarios de la Casa Blanca] tomarán acciones en los próximos días para tratar de limpiar un poco todo esto", dijo Corker, en una estocada dirigida directamente al equipo más próximo de Trump.

- Coro de insatisfacción -

Otro senador republicano, Lamar Alexander, emitió una nota en que expresó su preocupación porque la mecánica prevista en el decreto firmado por Trump se presta a confusión sobre un "test de religión".

"Aunque no es explícitamente un test de religión, se aproxima mucho y eso es inconsistente con el carácter estadounidense", dijo el legislador conservador, también distanciándose de la Casa Blanca.

El senador John McCain, un peso pesado del Partido Republicano que había calificado el decreto de Trump como "una herida autoinfligida", moderó este lunes el tono pero se mantuvo firme en su rechazo a la medida.

El respetado sitio web The Hill, especializado en temas del Congreso, afirmó este martes que ya asciende a 39 el número de legisladores republicanos que expresó críticas al decreto sobre inmigrantes y refugiados.

En ese ambiente de nervios a flor de piel, comisiones del Senado no fueron capaces este martes de votar la aprobación de dos nominados por Trump: las del banquero Steve Mnuchin para el Tesoro y la del legislador Tom Price para el Departamento de Salud.

Fiel a su hábito, Trump recurrió este martes a la red Twitter para atacar a los legisladores del Partido Demócrata, a quienes responsabiliza por la demora en la confirmación de los nominados del gabinete.

"¡Deberían tener vergüenza! ¿No me extraña que D.C. [el Distrito de Columbia, donde está Washington] no funcione!", reclamó el mandatario.

- Resistencia fuera del Capitolio -

Más allá del Congreso, la situación vivida el lunes en el Departamento de Justicia es apenas una muestra de la resistencia al decreto presidencial sobre inmigrantes y refugiados.

Los fiscales generales de 16 Estados -incluyendo los de California y Nueva York- emitieron una nota oficial donde cuestionaron la constitucionalidad del bloqueo a esos inmigrantes y refugiados provenientes de siete países musulmanes.

En el Departamento de Estado, el portavoz interino Mark Toner, admitió que un número aún no divulgado de diplomáticos estadounidenses prepara una nota de divergencia con la nueva política de Washington para los refugiados e inmigrantes musulmanes.

De acuerdo con informaciones no confirmadas, el número de funcionarios del servicio diplomático que apoyan ese documento ya ascendería a cientos de personas.

En tanto, altos funcionarios del sector de Seguridad Nacional en los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama también se unieron en una nota para afirmar que el decreto producirá daños de largo plazo para la seguridad de los estadounidenses.

AFP