Aplicación de vigilancia china pone el foco en actos cotidianos legales (HRW)

Pekín es blanco de críticas internacionales por su política en la región noroccidental de Xinjiang afp_tickers

Las autoridades chinas usan una aplicación telefónica de espionaje masivo para trazar perfiles, investigar y detener a musulmanes en la región de Xinjiang, considerando como sospechosos actos perfectamente legales, denunció el jueves Human Rights Watch.

Pekín es blanco de críticas internacionales por su política en la región noroccidental de Xinjiang, donde mantiene en campos de internamiento a hasta un millón de uigures y de otras minorías musulmanas, según un grupo de expertos citados por la ONU.

Human Rights Watch denunció anteriormente que las autoridades de Xinjiang usaban un sistema de vigilancia masiva llamado Plataforma de Operaciones Conjuntas Integradas (Integrated Joint Operations Platform, IJOP) para recopilar información de múltiples fuentes, como cámaras de reconocimiento facial, rastreadores de wifi, puntos de control policial, registros bancarios y visitas domiciliarias.

Pero en un nuevo informe, titulado «Los algoritmos de la represión de China», trabajó con una empresa de seguridad con sede en Berlín para analizar una aplicación conectada a la IJOP, mostrando los actos específicos a los que apunta el sistema.

Las autoridades de Xinjiang observan de cerca 36 categorías de comportamientos de las personas, incluyendo si socializan con los vecinos, si evitan a menudo usar la puerta principal de entrada, si usan un teléfono inteligente, si donan a las mezquitas «con entusiasmo» o usan una cantidad «anormal» de electricidad, descubrió la organización.

La aplicación instruye a los funcionarios investigar a los allegados de alguien con un nuevo número de teléfono o a los de aquellos que dejaron el país y no habían vuelto en 30 días.

«Nuestras investigaciones muestran que, por primera vez, la policía de Xinjiang usa información recopilada ilegalmente sobre conductas completamente legales de personas y las usa en su contra», dijo Maya Wang, analista principal de China en Human Rights Watch.

«El gobierno chino vigila cada aspecto de las vidas de la gente en Xinjiang, seleccionando aquellos que le inspiran desconfianza y sometiéndolos a escrutinio adicional».

– «Líneas rojas móviles» –

La organización con sede en Londres obtuvo una copia de la aplicación y pidió a la firma de ciberseguridad Cure53 que la desarmara, observara su diseño y sus datos, y examinara su código fuente (el conjunto de líneas de texto con los pasos que debe seguir la computadora para ejecutar un programa).

Junto a la recopilación de información personal, la aplicación solicita a los funcionarios que presenten informes sobre personas, vehículos y hechos que consideren sospechosos, y envía «misiones de investigación» para que la policía haga un seguimiento.

También se les pide a los funcionarios que verifiquen si los sospechosos usan alguna de las 51 herramientas de internet que se consideran sospechosas, incluyendo plataformas de mensajería extranjeras populares fuera de China como WhatsApp, LINE y Telegram.

«Psicológicamente, cuantas más personas estén seguras de que sus acciones son observadas y de que, en cualquier momento, pueden ser juzgadas por moverse fuera de una zona gris segura, es más probable que hagan todo lo posible para evitar cruzar una línea roja móvil», dijo a la AFP Samantha Hoffman, analista del Centro Internacional de Política Cibernética del Instituto Australiano de Política Estratégica.

«No hay estado de derecho en China, el Partido decide al final lo que es una conducta legal e ilegal, y no tiene que ser por escrito», añadió.

La aplicación IJOP fue creada por Hebei Far East Communication System Engineering Company (HBFEC), en un momento en que era propiedad por completo de China Electronics Technology Group Corporation (CETC), una empresa estatal, dijo Human Rights Watch.

No se pudo contactar con CETC y HBFEC no respondió a la solicitud de un comentario.

El año pasado Washington impuso controles a las exportaciones de empresas chinas clave como HBFEC y otras instituciones bajo la CETC, esgrimiendo sus riesgos para la seguridad nacional y para los intereses en política internacional.