Comandante jefe y corrupción, un hilo continuo desde el fin de la dictadura

Sebastián Silva

Santiago de Chile, 1 abr (EFE).- La prisión preventiva decretada este viernes contra el exjefe del Ejército chileno, Ricardo Martínez, inculpado por uso irregular de dinero público y malversación de fondos en el caso «Milicogate», es el último extremo de un hilo de presuntas corruptelas que une a todos los líderes de la institución castrense desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Compra de propiedades, autos de lujo, viajes, fiestas y turismo con recursos fiscales forman parte de una estantería fiscal con 1.392 volúmenes y 46 cuadernos llenos de múltiples aristas, y un supuesto desfalco del erario nacional que hasta ahora supera los 8,5 millones de euros.

Según investigadores y exoficiales contactados por Efe, la corrupción protagonizada por el Alto Mando es un lastre de la dictadura, que blindó con un «manto de impunidad» una institución que apenas ha sufrido grandes cambios en su formación y mecanismos de control civil desde que se recuperó la democracia.

UNA ESTRUCTURA QUE NO SE TOCÓ

El «boinazo» de 1993, año en que unidades militares se desplegaron en Santiago para impedir el la investigación del caso «Pinocheques» -hechos de corrupción que involucraron al dictador y su primogénito-, fue la demostración más elocuente del carácter de los primeros años de transición en Chile.

«La corrupción es herencia directa de la dictadura (…) Hay antecedentes de fuerza y modificaciones legales para que estos casos de corrupción pudiesen llevarse a cabo», afirmó a Efe el periodista de investigación Javier Rebolledo, autor de numerosas publicaciones sobre el Ejército y violaciones a los derechos humanos.

«Existe una estructura legal que no se tocó en los gobiernos de la Concertación, que permitieron el fraude dentro del Ejército, medidas de presión frente a eventuales investigaciones y un manto de impunidad que llevó a que comandantes jefe, sin la necesidad de engañar prácticamente a nadie, pudieran entregarle remesas de dinero a Pinochet en medio de la democracia, como también comprar automóviles de lujo, propiedades, etc», agregó.

DEL «CASO RIGGS» AL «MILICOGATE»

Además de causas por crímenes de lesa humanidad, Pinochet fue vinculado a diversos casos de fraude con los que engrosó su patrimonio personal.

Uno de los más conocidos es el «Caso Riggs», que relaciona 125 cuentas personales y de sus colabores en un banco estadounidense bajo nombres y documentación falsa, y que les habría permitido apropiarse de unos 18 millones de dólares.

Desde entonces, todos los jefes del Ejército chileno se han visto sacudidos por una explosión de corrupción desvelada en 2015, tras detectarse fraude y desviación de fondos obtenidos a través de la Ley Reservada del Cobre, un derogado cuerpo legal que destinaba gruesas sumas de la exportación del metal rojo hacia las ramas armadas sin necesidad de rendir cuentas.

Ricardo Izurieta (fallecido), Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo y Ricardo Martínez, comandantes Jefe desde 1998, están relacionados con alguna de las 50 aristas abiertas.

Uno de ellos, Óscar Izurieta, fue detenido y tuvo que pagar una fianza para salir en libertad tras ser investigado por el gasto de 7 millones de euros.

Juan Miguel Fuente-Alba, máxima autoridad militar de la institución entre 2010 y 2014, fue procesado por fraude al fisco equivalente a 3,6 millones de euros, desfalco de fondos que habría utilizado para comprar múltiples propiedades y vehículos, y financiar viajes y fiestas.

Oviedo también fue detenido y procesado por la presunta malversación de cerca de 3 millones de euros, en una investigación todavía en curso.

«NO HAY DÓNDE DENUNCIAR»

El excapitán del Ejército Rafael Harvey, uno de los principales denunciantes de la corrupción en las Fuerzas Armadas, resalta la necesidad de realizar cambios de fondo en su estructura, poniendo el foco en la justicia militar y la necesidad de una «obediencia reflexiva».

«Muchos creen que cuando uno habla de corrupción solo habla de dinero. La corrupción es mucho más que eso, tiene que ver con abusos e impunidad», señaló a Efe el oficial, procesado por sedición tras denunciar a sus superiores.

«No hay dónde denunciar a un general porque quien investiga tiene rango menor, si hace algo está liquidado», agregó el también abogado.

A juicio de Harvey, la Justicia Militar es uno de los factores que perpetúan la impunidad, sumado a la conservación del grado y beneficios a los procesados, la nula formación en derechos humanos y la «obediencia absoluta».

«Hay que eliminar la justicia militar, definir qué es seguridad nacional y formar en derechos humanos, llevar la obediencia reflexiva al máximo nivel constitucional y que haya sanciones para condenados por crímenes de lesa humanidad y corrupción», enfatizó.

«Seguiremos siendo testigos de fraude, malversaciones, de robo, no va a parar si siguen con la condición de excomandante en jefe, invitados a las ceremonias, sin una condena social ni institucional», concluyó. (EFE)

ssb/jm/lll

© EFE 2022. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.