Comuna afroecuatoriana exige su absolución en un caso que preocupa a la ONU

Quito, 26 abr (EFE).- Los líderes de la comuna afroecuatoriana de Barranquilla, en la provincia de Esmeraldas, exigieron su absolución de los procesos judiciales en los que siguen inmersos por la protesta realizada contra una palmicultora que los demandó, lo que ha suscitado la preocupación de siete estamentos de Naciones Unidas.

El presidente de la comuna de Barranquilla, Luis Quintero, explicó en una rueda de prensa este miércoles que la empresa Energy & Palma demandó a 4 líderes de la comunidad por 350.000 dólares en concepto de lucro cesante por la producción que no había podido ser procesada durante los 3 meses que duró el plantón de la comunidad, hasta que fueron desalojados por la Policía.

En esa protesta, la comuna reclamaba por la contaminación de las fuentes de agua del lugar, de lo que acusan a la empresa, a la que también reclaman por presuntamente haber ocupado de manera indebida 251 hectáreas de su territorio comunal.

Si bien la indemnización solicitada fue reducida a cantidades mínimas en segunda instancia judicial, aún está pendiente un fallo definitivo que cierre el proceso, además de la audiencia por la acción de protección por el territorio que fue presentada en diciembre de 2022.

«El juez determinó que íbamos a pagar una (cantidad) mínima, pero así nos pongan 100 o 200 dólares es injusto. El mundo está al revés. Por nosotros defender la naturaleza, somos demandados con 350.000 dólares», lamentó Quintero.

«No hemos cometido ningún tipo de delito. Nada más hicimos un plantón pacífico donde ellos tenían acceso a llegar a su propiedad. Fuimos despojados por 300 policías cuando había mujeres embarazadas y personas de la tercera edad», añadió.

Así, Quintero reclamó que los miembros de la comunidad sean declarados inocentes y que la compañía cumpla con respetar el medioambiente del lugar, no talar más, reforestar las zonas degradadas y devolver las hectáreas que considera que le corresponden a Barranquilla.

Además, afirmó que continúan amenazados y responsabilizó a la empresa de cualquier percance que puedan sufrir.

PREOCUPACIÓN DE RELATORES DE ONU

El caso suscitó la preocupación de siete estamentos del sistema de Naciones Unidas que solicitaron por escrito al Estado ecuatoriano informar sobre las medidas tomadas para evitar la criminalización de las protestas y proteger los derechos humanos de los demandados.

En la comunicación remitida al Gobierno en julio de 2022, los relatores de la ONU manifestaron «profunda preocupación por esos presuntos actos de intimidación y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y por no proteger contra los abusos de derechos humanos que han sufrido por parte de la empresa».

La misiva fue respaldada por el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales, así como por el relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medioambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.

También por la relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.

Asimismo, lo suscribió el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y la relatora especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia Por su parte, la coordinadora de la campaña de Bosques de la organización Acción Ecológica, Nathalia Bonilla, apuntó en la rueda de prensa que esta comunicación de la ONU es un llamado de atención al Estado para que tome en cuenta los sucesos y establezca una política pública que garantice los derechos de los pueblos afrodescendientes. EFE

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