CorteIDH condena a Brasil por desaparición forzada de un defensor de trabajadores rurales

San José, 11 mar (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este martes al Estado de Brasil por la desaparición forzada de Almir Muniz da Silva en 2002, quien ejercía como defensor de los derechos de los trabajadores rurales en el estado de Paraíba.

En la sentencia notificada a las partes, el tribunal declaró la responsabilidad internacional de Brasil por la falta de debida diligencia en la investigación de los hechos y en la búsqueda de la víctima, así como por la violación de los derechos a la verdad, a defender derechos humanos, a la integridad personal, a la protección a la familia y a los derechos de la niñez.

«La CorteIDH encontró suficientemente acreditado que Almir Muniz da Silva fue desaparecido forzadamente el 29 de junio de 2002 con base en diversos elementos: El contexto de la actuación violenta de milicias privadas y grupos de exterminio en el campo brasileño, la actuación específica de estos grupos en la región donde vivía y actuaba como líder de la asociación de trabajadores rurales y las amenazas previas que recibió», cita la sentencia.

El caso, que se enmarca en el contexto de una Reforma Agraria, se remonta al 9 de mayo de 2001, cuando Muniz da Silva habría testificado ante la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la supuesta violencia en el campo y la formación de milicias rurales, señalando la actuación de policías en actos de violencia contra trabajadores rurales.

Según la demanda, en la mañana del 29 de junio de 2002, Muniz da Silva habría sido visto por última vez mientras se dirigía en un tractor de la asociación hacia su casa. Sus familiares habrían escuchado cuatro disparos provenientes desde esa dirección, seguidos de una pausa y tres disparos más.

La familia presentó una denuncia al día siguiente, pero no se desplegó una actuación inmediata. Posteriormente la investigación interna fue archivada sin que los hechos hayan sido aclarados ni sancionados los responsables.

«A pesar de que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia contra los defensores de los derechos de los trabajadores rurales y de amenazas concretas contra la víctima, el Estado no tomó medidas para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que Muniz da Silva pudiera ejercer libremente sus labores como defensor de derechos humanos y como miembro de la Asociación de los Trabajadores Rurales de la Tierra Comunitaria de Mendonça», explica la sentencia de la CorteIDH.

El Estado de Brasil realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial debido a «la ineficiencia en el tratamiento del caso» que perjudicó el acceso a la justicia, así como por la «violación del derecho a la salud psicológica y moral», en relación con los familiares de la víctima.

La CorteIDH ordenó al Estado continuar la investigación relativa a la desaparición forzada e implementar acciones de búsqueda del paradero de Muniz da Silva de forma inmediata, así como crear e implementar un protocolo de búsqueda de personas desaparecidas y de investigación de la desaparición forzada de personas. EFE

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