Diputados impulsarán ley contra «el negacionismo» sobre la dictadura, afianzado en Chile

Santiago de Chile, 31 may (EFE).- Diputados afines a la coalición de Gobierno impulsarán una ley para castigar el negacionismo de las violaciones de los derechos humanos y otros abusos cometidos por la dictadura cívico-militar del general Augusto Pinochet, que sigue afianzada en gran parte del pueblo chileno, según una encuesta publicada este martes.

De acuerdo con el último estudio del reconocido Barómetro de la Política CERC, que examina la transición chilena desde 1989, más de un tercio de los chilenos apoyan el legado de un régimen autoritario que se hizo con el poder a través de las armas en 1973 y emprendió una sangrienta represión de la que todavía hoy, medio siglo después, miles de familias de detenidos desaparecidos sufren sus consecuencias.

«Pinochet recupera imagen y la dictadura no es condenada unánimemente. (…) No existe en Occidente ningún otro dictador que haya sobrevivido el paso del tiempo como lo ha hecho Augusto Pinochet», asegura el citado estudio, en el que se detalla que el 36% de los chilenos piensa que los militares «tenían razón» para dar un golpe de Estado, otro 36 % dice que Pinochet «liberó a Chile del marxismo», y un 39 % cree que el dictador «modernizó la economía chilena».

En este contexto, la ministra portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, expresó este miércoles «la preocupación» de la actual coalición sobre esta situación e insistió en que el objetivo debe ser hacer «un ejercicio de memoria, de reconocer lo que sucedió en nuestra historia, de no negarlo, de reparar, de señalar la verdad y hacer justicia, pero a la vez pensar también en nuestro presente y en nuestro futuro».

«A 50 años del golpe cívico-militar nos preocupa que exista negacionismo y se pretenda validar un golpe de Estado, una dictadura, que violó derechos humanos, que masacró a parte de nuestro pueblo y generó heridas hasta el día de hoy», subrayó Vallejo, quien también lamentó que haya mucha gente joven que no conoce lo que sucedió», otra de las conclusiones del barómetro del CERC.

Sus palabras se producen escasas horas después de que se difundiera una entrevista a Luis Silva, representante del partido ultraderechista «Republicanos», numerario del Opus Dei y el candidato más votado al Consejo Constituyente que debe proponer una nueva Constitución para Chile, en la que admitía los abusos de la dictadura pero pedía al mismo tiempo «una lectura más ponderada» de Pinochet.

«Hay un dejo de admiración por el hecho de que creo que fue un estadista, (…) debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su gobierno”, afirmó Silva, que forma parte del grupo de 51 constituyentes que deben sugerir un texto que sustituya al vigente, escrito durante la tiranía.

LEY CONTRA EL NEGACIONISMO

En este ambiente, diputados oficialistas presentaron un proyecto de ley que tipifica y sanciona el negacionismo de violaciones a los Derechos Humanos, incluso con penas de prisión de hasta 61 días, informó hoy radio Biobio.

Según la fuente, se trata de una iniciativa presentada por diputados de los partido comunista, socialista, PPD, humanista y Frente Amplio que pretende «tipificar la conducta respecto de quien apruebe, justifique o niegue los crímenes cometidos por la dictadura» o «apruebe, justifique o niegue los crímenes consignados en los informes de las cuatro comisiones estatales que registraron las violaciones a los derechos humanos» en aquel tiempo.

Estas últimas son la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.

Además, pide agravar la pena en el caso de que el infractor sea un funcionario público en ejercicio «circunstancia que se fundamenta en la infracción al principio de igualdad y al deber de objetividad que les es imperativo”. EFE

jm/rf

(foto)

© EFE 2023. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.