El abogado del laudo Antin contra España critica la propuesta de la UE de salir del TCE

Londres, 7 jul (EFE).- Nick Cherryman, abogado de los inversores del laudo Antin que reclaman compensación a España por la retirada de ayudas a las renovables, ha advertido este viernes de que la propuesta de la Unión Europea (UE) de salir del Tratado sobre la carta de la energía (TCE) hará «más arriesgada» y «menos atractiva» la inversión en el bloque.

El socio del bufete Kobre & Kim, que representa en un juicio en el Reino Unido a los receptores de ese laudo contra el Estado español, declara que, al margen de lo que haga la UE, mantendrán sus esfuerzos por «recuperar el dinero» que consideran que les debe España por compromisos adquiridos bajo el TCE.

«El TCE ofrece protección a todos los inversores calificados en el espacio energético: decir que favorece las inversiones relacionadas con el carbono y que, de alguna manera, inhibe la inversión en energías renovables es incorrecto», ha afirmado en un comunicado.

Al abandonar el tratado, la Comisión Europea hará que «el panorama de inversión en energía de la UE sea más arriesgado para los inversores en energías renovables y menos atractivo».

Cherryman lamenta que algunos Estados miembros hayan tratado mal a los inversores en ese sector, en especial España, que «no ha cumplido con los laudos arbitrales internacionales y las sentencias judiciales inglesas y australianas» que le obligan a indemnizar a los afectados por la retirada retroactiva de incentivos a las renovables introducidos en 2007.

Según este experto legal, la decisión de la UE de abandonar el TCE envía «un mensaje negativo» a los inversores y crea incertidumbre, al no haberse acordado «protecciones equivalentes» a las que recoge el tratado de 1994, del que España y otros países ya habían anunciado que se iban a retirar.

Cherryman apunta que, por el contrario, Estados Unidos, que sigue siendo miembro activo del Tratado sobre la carta de la energía, ofrece «un ecosistema de inversión renovable atractivo y legalmente seguro».

El pasado mayo, la Justicia británica rechazó la petición del Gobierno de España de anular el registro en Inglaterra de un laudo arbitral emitido por el CIADI, organismo asociado al Banco Mundial, que le obliga a pagar 120 millones de euros a los inversores de Antin, que financiaron una planta solar en Granada.

El tribunal desestimó los argumentos de España de que tenía «inmunidad soberana» en la jurisdicción inglesa y de que una reciente jurisprudencia de la UE revocaba sus obligaciones adquiridas bajo el convenio internacional de arbitraje del CIADI de 1966 y el TCE de 1994.

Tras su polémica reforma del sistema de primas a las energías renovables, España ha afrontado 51 arbitrajes en varios países por esta causa, con reclamaciones por valor de unos 10.000 millones de euros y 28 laudos dictados, de los cuales hasta ahora ninguno se ha ejecutado. EFE

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