El Alto despierta para protestar contra la nueva presidenta de Bolivia

Seguidores del expresidente boliviano Evo Morales protestan durante una manifestación en El Alto y La Paz, el 13 de noviembre de 2019 afp_tickers

En El Alto, una ciudad vecina de La Paz, la llegada de la derechista Jeanine Áñez al frente de Bolivia indigna a muchos. Aquí, entre manifestaciones y huelgas, se muestra el respaldo al expresidente Evo Morales.

«Esto nos está humillando. Esta presidenta que está entrando no es presidenta», clama Lourdes Chino Lima. Al igual que la inmensa mayoría de los habitantes de El Alto, una ciudad habitualmente tranquila situada a 4.000 metros de altitud, Lourdes apoya al que fue su presidente durante casi 14 años.

Morales se proclamó vencedor de las controvertidas elecciones del 20 de octubre, provocando protestas de la oposición que lo acusaba de fraude. La presión de la calle, con una serie de violentos disturbios, y la pérdida del apoyo de los militares llevaron al presidente a dimitir el domingo, renunciando a su cuarto mandato.

El contraste entre Áñez y Morales salta a la vista. Por un lado está el primer presidente indígena de Bolivia, una persona atea, cercana al difunto presidente venezolano Hugo Chávez y a los demás gobiernos de izquierdas de Latinoamérica. Un político popular entre la población indígena más pobre, como la que vive en El Alto, una ciudad de casi un millón de habitantes.

Del otro está Áñez, una abogada y exsenadora conservadora y orgullosa de ser cristiana. Cuando se proclamó presidenta interina el martes, la población de El Alto, en su mayoría aymara como Morales, se rebeló.

– Paro cívico –

«No se han cumplido ciertas normativas (en la proclamación), inclusive el mismo reglamento interno de la Asamblea Legislativa Plurinacional» no fue respetado, lamenta Jorge Cevallos.

En señal de protesta, los alteños iniciaron el viernes un «paro cívico» por tiempo indefinido. Algunos denuncian un «golpe de Estado» contra Morales.

Irónicamente este paro de humildes aymaras se inspira en la huelga decretada por el poderoso comité cívico de Santa Cruz (este), la región más rica de Bolivia, encabezado por el conservador Luis Fernando Camacho, para conseguir la renuncia de Morales tras los comicios cuestionados por una misión de auditoría de la OEA.

Pero en El Alto, la segunda ciudad más poblada del país y la más joven, la «wiphala», la bandera indígena multicolor adoptada como símbolo nacional por Morales, es mucho más visible que en el resto de Bolivia.

En los últimos tres días, miles de alteños, muchos hombres vestidos con ponchos rojos y mujeres con polleras, las tradicionales faldas aymaras, han bajado a protestar a La Paz, pero ahora también han optado por paralizar su ciudad, lo que amenaza con causar desabastecimiento de combustibles y alimentos.

Muchos mascan hojas de coca, una costumbre ancestral andina que sirve para evitar el cansancio y calmar el hambre.

El «paro cívico» incluye el cierre de los comercios y los servicios públicos, incluidas las escuelas y las universidades. También se han levantado barricadas en las calles y las carreteras que llevan a La Paz, a 10 km de ahí.

«Yo no soy partidista, yo no soy del Evo, yo no soy nada. Simplemente soy una boliviana que me ha dado rabia, estoy hasta aquí ya», afirma Dominga Apaso al llevarse una mano a la frente en señal de hastío.

– «Desabastecimiento –

Los manifestantes bloquearon también con piedras, neumáticos y toda clase de objetos, los accesos a la planta Senkata, desde la cual sale todo el combustible que se consume en el área metropolitana de El Alto y La Paz.

«Hemos recibido agresiones físicas a instalaciones estratégicas nacionales, como la de Senkata», dijo la presidenta Áñez, que lamentó el viernes «ese desabastecimiento que está llegando a los hogares».

Las 40 gasolineras de ambas ciudades empezaron a quedar sin combustible, por lo que en varias de ellas se formaron colas de autos, camiones y autobuses, observaron periodistas de la AFP.

Y las barricadas instaladas en las carreteras de El Alto, que unen La Paz al resto del país, amenazan también el suministro de alimentos de la capital administrativa.

«Si la presidenta quiere pacificación, tenemos que conversar, tenemos que hablar. Ella no nos va a imponer al Alto», dice un vecino que prefiere no revelar su nombre.