El Consejo de Europa mete prisa a España para reformar la elección del CGPJ

Por Javier Aguilar

Estrasburgo (Francia), 30 jun (EFE).- El Consejo de Europa reconoce avances de España en la lucha contra la corrupción política y judicial, pero insiste en que es urgente cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobre el que pesa la percepción de «politización».

Su Grupo de expertos contra la corrupción (Greco) afirma, en un informe de seguimiento de sus recomendaciones publicado este jueves, que «cada vez que se ha realizado una nueva selección del CGPJ se han expresado dudas con la negociación política y el regateo entre partidos para ocupar cargos judiciales clave».

Para el Greco, la elección de sus miembros es un «asunto crítico». «No es una preocupación menor -subraya-, porque son responsables de algunas decisiones judiciales cruciales, incluyendo la designación de jueces de alto rango y cuestiones disciplinarias».

Recuerda el órgano anticorrupción europeo que el CGPJ lleva bloqueado más de dos años y que no ha habido «un desarrollo positivo tangible» desde que en 2013 recomendó «eliminar la selección de jueces por los políticos».

De hecho, constata que «las críticas al sistema en el ámbito nacional siguen siendo muy fuertes y han trascendido al ámbito internacional».

El Greco pide a las autoridades españolas que «el poder judicial sea consultado y tenga voz en las decisiones clave sobre su funcionamiento y prioridades en juego».

Esas consultas se deben hacer «en una atmósfera de respeto mutuo y con una especial atención para preservar la independencia y la imparcialidad judicial».

El órgano del Consejo de Europa publicó en 2014 un informe de la cuarta ronda de evaluación sobre la prevención de la corrupción en la acción de parlamentarios, jueces y fiscales en España, en la que expresó su preocupación por la proliferación de casos de corrupción.

España -decía entonces- «ha sido el escenario de numerosos casos de corrupción protagonizados por responsables políticos de primer orden, altos funcionarios o empresarios».

En ese momento ya se pronunció por revisar el marco legislativo que rige el CGPJ por «sus repercusiones sobre la independencia efectiva y percibida de este órgano».

Desde entonces ha presentado otros tres informes en 2016, 2018 y 2019, y en el que publica hoy hace notar que de sus once recomendaciones sólo queda una incumplida en su totalidad: la relativa al CGPJ.

Según los estándares del Consejo de Europa para el nombramiento de miembros de consejos de la judicatura, esos jueces deben ser designados por sus pares, lo que significa que el Parlamento y el Ejecutivo «no deben involucrarse en ninguna etapa del proceso de selección».

Del resto de las recomendaciones del Greco a España seis se han cumplido satisfactoriamente y cuatro de modo parcial.

Entre estas últimas destaca la referida a la relación entre el fiscal general del Estado y el Ejecutivo, ya que «sigue recibiendo críticas públicas» en lo que se refiere a su «supuesta independencia».

Por eso el Greco insiste en que «se necesitan aún más esfuerzos para incrementar la autonomía y transparencia» en esa relación entre el Ministerio Público y el Gobierno.

También pide «que no haya dudas sobre la independencia, imparcialidad y transparencia en el proceso de selección» de presidentes de tribunales provinciales, de los tribunales superiores de justicia autonómicos, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo.

Sí se han aplicado «satisfactoriamente» las recomendaciones relativas al código de conducta de parlamentarios y a su supervisión efectiva, así como la que tiene que ver con la Oficina de conflictos de intereses, y un código de conducta para fiscales.

De forma parcial se ha cumplido la que pedía la adopción de un reglamento para los grupos de presión ya que, en la guía para parlamentarios, «además de la transparencia es importante la integridad y la responsabilidad».

Queda parcialmente cumplida la adopción de la reforma del régimen disciplinario de los fiscales que, a pesar de los planes establecidos, no ha producido resultados tangibles, puntualiza este órgano del Consejo de Europa.

El Ministerio de Justicia ha reaccionado a este informe con un comunicado en el que hace hincapié en que el Greco «valora positivamente» el cumplimiento de las recomendaciones realizadas las actuaciones realizadas por España y se limita a constatar que también declara «no cumplida» la del CGPJ, sin hacer ningún otro comentario sobre ese punto pendiente.

Las autoridades españolas deberán enviar al Greco un informe detallando los avances alcanzados en las recomendaciones pendientes, antes del próximo 31 de marzo. EFE

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