El fin de la pandemia agravará el hacinamiento en las prisiones de Turquía

Ilya U. Topper

Estambul, 22 may (EFE).- Con el fin de las restricciones contra la pandemia del coronavirus se eliminarán en Turquía todos los permisos penitenciarios para decenas de miles de presos, que deberán volver a unas cárceles cada vez más hacinadas.

A finales de mayo, unas 80.000 personas, que actualmente disfrutan de permisos carcelarios renovados desde el inicio de la pandemia hace dos años, deben regresar a sus celdas.

A lo largo de la pandemia, unos 200.000 presos turcos se han beneficiado de estos permisos, normalmente de dos meses pero renovados hasta doce veces.

«Las prisiones ya están abarrotadas ahora mismo. Cuando vuelvan estos presos, los problemas de hacinamiento, falta de higiene y peleas se duplicarán», vaticina Hasan Subasi, él mismo preso con permiso, en conversación con Efe.

Turquía tiene, después de Rusia, el mayor número de presos en Europa en números absolutos y en relación a su población: 314.500 en abril pasado y a lo largo de 2021 unos 325 por cada 100.000 habitantes.

De estos presos, más de 38.000 se encuentran en prisión preventiva sin sentencia firme, según datos del Ministerio de Justicia citados por la prensa turca.

La población carcelaria casi se ha triplicado en la última década, al pasar de 128.000 en 2011 hasta los más de 300.000 ahora.

Todo ello, en paralelo con los macroprocesos contra diversos sectores de la oposición, desde la izquierda marxista y los movimientos kurdos hasta la derecha islamista, y con ello han surgido graves problemas de hacinamiento.

«Las celdas están diseñadas para 21 personas, pero meten el doble o el triple de presos: hay hasta 60 personas en una sala. No hay literas suficientes, muchos duermen en el suelo; a veces se hacen turnos para ocupar una cama», describe Subasi la situación.

Él mismo fue condenado, «sin prueba de delito alguno», asegura, en 2008 por «pertenencia a una organización armada», una acusación que en las últimas décadas se ha utilizado en Turquía de forma tan indiscriminada que la Unión Europea exige a Ankara reformar la ley antiterrorista como condición para otras negociaciones.

Utilizar una sala de 90 metros cuadrados para medio centenar de presos, como apunta Subasi, queda muy por debajo del límite mínimo de 4 metros cuadrados por preso que exige el Consejo de Europa.

«No hay higiene. Si alguien se infecta con sarna, contagia de inmediato a todos los demás. Hay médicos de prisión, pero que te lleven a ver a un médico es como si te hubiera tocado la lotería», agrega Subasi, que padece cáncer.

El joven, de 34 años, ha pasado diez años entre rejas, primero en Adana en el sur del país y luego en Silivri, una enorme cárcel en la periferia occidental de Estambul que se ha convertido en sinónimo de la represión gubernamental contra la oposición.

El complejo, con 11 cárceles de las que cada uno alberga cerca de 3.000 presos, «es como un municipio entero», cuenta Subasi.

Ya en 2019, Silivri albergaba a 23.000 personas cuando estaba diseñado para apenas 11.000 presos.

«Aquello es como un campo de concentración. Las violaciones de derechos humanos son constantes. Hay un preso que murió, aparentemente estrangulado, dicen que se enfrentó a los guardias…» cuenta Subasi en referencia a Ferhat Yilmaz, que falleció el mes pasado en Silivri, oficialmente de un ataque al corazón.

El diputado opositor Sezgin Tanrikulu mostró en el Parlamento fotos que atestiguan huellas de violencia y golpes en el cuerpo del preso muerto.

«Solo en febrero pasado me han llegado 138 denuncias sobre casos de tortura y malos tratos en las prisiones turca», asegura Tanrikulu en declaraciones a Efe.

La solución del Gobierno: construir más cárceles, denuncia el diputado, miembro del partido socialdemócrata CHP, el principal de la oposición.

De las 384 prisiones que hay ahora en Turquía, 227 se abrieron en los últimos 16 años, siempre bajo la batuta del partido islamista AKP y su fundador, el actual presidente Recep Tayyip Erdogan, y 126 de ellas fueron inauguradas en los últimos seis años.

Ahora, el Gobierno prevé construir otros 36 centros penitenciarios en los próximos tres años, para lo que se han asignado un presupuesto e unos 550 millones de euros.

El horizonte de Subasi es más corto: el 31 de mayo debe regresar a la celda para cumplir los últimos cuatro años de su condena.

Con suerte podrá disfrutar de un permiso de una semana cada tres meses en lo que le queda de pena, apunta el joven, ahora que la libertad otorgada por el virus se ha terminado. EFE

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