El Gobierno de Perú insiste en que nueva ley no traerá impunidad en delitos contra DDHH

Lima, 7 ago (EFE).- El Gobierno peruano insistió este miércoles en que la ley sobre la prescripción de los delitos de lesa humanidad que el Congreso aprobó y debe promulgar próximamente no pretende afectar los derechos de las víctimas en los casos denunciados entre 1980 y 2000, la época de la violencia terrorista en el país, a la espera de que el Congreso la promulgue.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el jefe del gabinete, Gustavo Adrianzén, dijo que después de un «debate muy intenso» el Ejecutivo decidió no observar la ley y dejar que el Congreso la promulgue, lo que aún no se ha realizado.

Sin embargo, Adrianzén subrayó que la controversia radica en la «imprescriptibilidad» de los delitos de abusos a los derechos humanos y agregó que, en la norma, se señala que el Estado peruano ha hecho una reserva en relación a estas disposiciones a partir de 2003 en adelante, lo que incluye la vigencia del Estatuto de Roma desde 2002.

«No creemos que, con esta ley de lesa humanidad y crímenes de guerra, se esté pretendiendo afectar los derechos de las víctimas», dado que «todos los involucrados están siendo procesados», y además le corresponde al Estado verificar el cumplimiento de los alcances de esas sentencias y procesos, declaró Adrianzén.

El primer ministro mencionó, por ejemplo, el caso del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) condenado a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, pero que su excarcelación, debido a un indulto humanitario, no tiene que ver con la probable aprobación de esta ley.

«No hay impunidad, solo se está diciendo que no puede tener carácter retroactivo, no veo dificultad mayor», anotó el primer ministro.

Además, Adrianzén comentó que la comunicación recibida por la presidenta Dina Boluarte por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) le provocó al Ejecutivo «un profundo malestar», porque se considera que ningún organismo internacional puede darle órdenes al Gobierno para que actúe de una determinada manera.

«Entendemos que no hay ningún mandato que cumplir y todos los estamos cumpliendo» para llevar los casos judiciales a su resolución, indicó el jefe del gabinete.

«Cuando la corte trata los temas vinculados a los terroristas, no comprende ni es empático con las víctimas», dijo Adrianzén y recordó que «hay líneas rojas que el Estado no está dispuesto a tolerar», si bien, «por lo demás, la disposición a dialogar es plena».

La CorteIDH pidió en julio pasado a Perú que, «a través de sus tres poderes, tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú».

El tribunal también ordenó a Perú que, a más tardar el 9 de agosto próximo, presente un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo que le ha ordenado.

La nueva ley, promovida por el fujimorismo y una bancada conformada por exjefes de las Fuerzas Armadas, busca impedir que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002, con lo que excluye el periodo del conflicto interno (1980-2000) que dejó más de 69.000 víctimas en el país. EFE

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