El Parlamento húngaro aprueba polémica ley de educación a pesar de protestas

Budapest, 4 jul (EFE).- El Parlamento húngaro aprobó este martes una ley que introduce polémicas medidas en la enseñanza, como la anulación del estatus de funcionario público para los docentes, pese a las fuertes protestas que ha generado ya su proyecto por ésa y otras razones.

La nueva ley ha sido adoptada con 136 votos del gubernamental y conservador Fidesz del primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, mientras que se opusieron 58 diputados de la oposición.

La normativa lanzada por el Fidesz ha sido apodada como «ley de la venganza» porque es vista como una respuesta a una larga serie de protestas de los docentes, que incluyeron huelgas y acciones de desobediencia civil, para demandar mejoras en su trabajo.

Hace un año y medio, el Gobierno limitó el derecho a la huelga introduciendo la obligación de prestar ciertos «servicios mínimos».

Desde que se conoció el proyecto de ley, se han sucedido numerosas protestas y acciones de estudiantes y docentes, que entre otros salieron a las calles para pedir que las medidas no sean aprobadas.

Expresaban así el rechazo a la mayor centralización del sistema educativo que se introduce, así como a un aumento de la carga laboral de los docentes y limitaciones a la autonomía de los centros educativos.

También para hoy hay convocada una protesta en la plaza Kossuth, donde se encuentra el Parlamento.

Por su parte, los sindicatos han denunciado que el Gobierno no mantuvo consultas serias sobre el texto legal antes de su tramitación parlamentaria.

El Gobierno de Orbán asegura que el principal objetivo de la polémica normativa es motivar un mayor rendimiento de los profesores mediante la reducción de sus tareas administrativas y con un programa de paulatinas subidas de los sueldos, que tras varios años equivaldrían a un incremento del 75 %.

Debido a unas deterioradas condiciones de trabajo, incluido un bajo nivel de sueldos, al sistema educativo húngaro le faltan unos 15.000 docentes, cerca del 10 % del número de profesores activos en la actualidad, según han advertido diversos expertos.

Unos 5.000 docentes habían dicho en los últimos meses que dimitirían en caso de que se aprobara esta ley. EFE

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