Emisaria de ONU hará gira por Asia por situación en Birmania sin reunirse con la junta
La emisaria de la ONU para Birmania tiene previsto iniciar una gira diplomática en Asia para buscar una salida a la crisis desatada por el golpe de Estado en ese país, pero no podrá reunirse con la junta militar que este viernes se opuso a su visita.
La gira de Christine Schraner Burgener tiene lugar en un contexto de creciente preocupación en la comunidad internacional por la situación en Birmania, escenario de manifestaciones diarias desde el golpe militar del 1º de febrero que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi.
El balance de la represión superó este viernes los 600 muertos, una situación que llevó al embajador birmano ante la ONU, Kyaw Moe Tun, a reclamar más sanciones y medidas internacionales, como una zona de exclusión aérea en su país.
La diplomática suiza empezó su gira en Tailandia, aunque también visitará China.
Pero no será recibida en Birmania, adonde reclama ir desde hace más de dos meses para reunirse con los generales.
«No hemos permitido eso. Y no tenemos ninguna intención de permitirlo ahora», declaró este viernes a la AFP el portavoz de la junta, Zaw Min Tun.
Burgener confirmó que la junta había rechazado su vista. «Lamento que Tatmadaw me respondiera ayer que no están dispuestos a recibirme», tuiteó, empleando el nombre oficial del ejército en Birmania.
«Estoy dispuesta a dialogar. La violencia nunca conduce a soluciones duraderas», agregó, indicando que había llegado a Bangkok.
Al menos 614 civiles murieron desde el 1° de febrero a manos de las fuerzas de seguridad en la represión de las manifestaciones prodemocracia en Birmania, según la Asociación de Asistencia a los Prisioneros Políticos (AAPP).
Pero el balance podría ser mucho peor: más de 2.800 personas fueron detenidas y no se tiene noticias de muchas de ellas.
El viernes por la mañana volvió a correr sangre. Según los socorristas, al menos cuatro personas murieron cuando las fuerzas de seguridad destruyeron barricadas de personas que protestaban contra el régimen militar en la ciudad de Bago (llamada también Pegu), a unos 65 km al noreste de Rangún.
La represión no se limita al interior del país. El embajador birmano en Londres, que apoya a la premio Nobel de la paz 1991 Aung San Suu Kyi, fue expulsado de su puesto, una decisión condenada el jueves por el Reino Unido, que sin embargo debió aceptarla.
En cambio, Londres indicó que ofrecería protección a Kyaw Zwar Minn, cuya «valentía» fue saludada por el secretario de Estado británico para Asuntos Exteriores, Nigel Adams, que se reunió con él.
De su lado, Estados Unidos anunció sanciones contra una empresa estatal birmana de producción de piedras preciosas, para privar a la junta de una fuente de ingresos clave.
– «Acción urgente» –
Por iniciativa del Reino Unido, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión informal este viernes, en la que el embajador birmano, Kyaw Moe Tun, se rebeló contra la junta y reclamó la imposición de una zona de exclusión aérea, un embargo de armas y otras sanciones para forzar la restauración de la democracia.
«Ahora se necesita una acción urgente y más enérgica por parte de ustedes», dijo el embajador ante el Consejo de Seguridad, pidiendo «una zona de exclusión aérea» para «evitar más derramamiento de sangre causado por los ataques aéreos militares sobre zonas civiles».
También Estados Unidos exigió a que actúe rápidamente para presionar a la junta militar.
«¿El Consejo discutirá sobre el lenguaje en otra declaración o actuaremos para salvar la vida del pueblo birmano?», lanzó Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU.
En la reunión debían participar Daw Zin Mar Aung, miembro civil electo del parlamento birmano, y un universitario, Sai Sam Kham.
Daw Zin Mar Aung debía hablar en nombre del grupo de resistencia CRPH, el Comité para la Representación de Pyidaungsu Hluttaw, el órgano legislativo birmano.
El CRPH asegura que ya ha reunido unos 270.000 elementos que muestran violaciones de derechos humanos a «gran escala». Esta semana inició discusiones con investigadores de la ONU.
La junta considera que responde proporcionadamente a las manifestaciones. Durante una rueda de prensa organizada este viernes en la capital, Naipyidó, miembros de las fuerzas de seguridad mostraron las armas que, según dijeron, les habían requisado a los manifestantes.
El portavoz de la junta acusó al personal sanitario de «matar a gente a sangre fría» al negarse a trabajar.
En el marco de la movilización prodemocracia, decenas de miles de trabajadores están en huelga y hay sectores enteros de la economía paralizados.
Cuando tomó el poder la junta instauró el estado de emergencia por un año. Un portavoz, Zaw Min Tun, indicó a CNN que podrían prolongarse por otros doce meses, asegurando al mismo tiempo que se organizarían elecciones.
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