Escocia cree «apropiado» que el Supremo analice proyecto de ley de referendo

Londres, 12 oct (EFE).- El Gobierno escocés consideró este miércoles «totalmente apropiado» que el Tribunal Supremo analice el proyecto de ley de otro referendo de independencia en la región por ser un asunto «de la máxima importancia constitucional», frente a Londres, que sostiene que el proceso está aún en una fase «demasiado temprana».

El Supremo, la máxima instancia judicial del Reino Unido, celebró este miércoles, por segundo día consecutivo, la última vista para determinar si el Parlamento regional escocés tiene potestad para organizar un nuevo plebiscito -tras el de 2014- meramente «consultivo», como quiere la ministra principal, Nicola Sturgeon, sin contar con la autorización de Londres.

Pero antes, esta Corte debe decidir si acepta la petición de la abogada del Gobierno de Edimburgo, Dorothy Bain, de que analice la constitucionalidad de ese proyecto de ley -respaldado por el Gobierno autónomo escocés- antes de que este haya sido, siquiera, tramitado por el Parlamento de Escocia.

En caso de admitirla, deberá determinar si la convocatoria de un referéndum consultivo entra dentro de las competencias del Parlamento escocés o si es un asunto «reservado» al Ejecutivo y Parlamento británicos, en base a la ley de Escocia de 1998.

Durante el último día para la exposición de argumentos por parte de ambas partes, el abogado del Gobierno británico, James Eadie, se pronunció sobre si esta corte tiene «jurisdicción» para examinar una ley que aún no está aprobada y consideró que el proyecto está aún en una «fase demasiado temprana» como para remitirse al Supremo.

El letrado, que adujo que se están debatiendo «cuestiones totalmente hipotéticas» que podrían llevar a «dificultades constitucionales», consideró que el Supremo «no tiene jurisdicción» para analizar excepcionalmente ese proyecto antes de que haya sido aprobado.

También aludió a la cuestión de si el Parlamento escocés tendría, llegado el caso, potestad para organizar esa consulta o si, en cambio, sería un asunto «reservado» al Gobierno y el Parlamento británicos, en base a la Ley de Escocia de 1998.

En ese punto, indicó que es «obvio» que el Parlamento escocés «no tiene competencia» para legislar sobre un segundo referendo, pues el proyecto de Ley versa de «de manera evidente y directamente» sobre un asunto «reservado a Westminster, el de la Unión entre Escocia e Inglaterra».

«Los efectos de la independencia escocesa tendrían consecuencias por todo el Reino Unido», arguyó, al remarcar que «todas las partes del país tienen interés en el asunto, no solo Escocia».

Al enfatizar que es una cuestión reservada al Parlamento británico por ser de «importancia crítica para este país en su conjunto», tildó de «insostenibles» los argumentos de la parte escocesa, que insisten en que el proyecto de Ley no está vinculado a la Unión.

ESCOCIA DEFIENDE LA IMPORTANCIA CONSTITUCIONAL DEL CASO

Dorothy Bain, abogada del Gobierno escocés, defendió hoy, en la sesión de la tarde, que es «totalmente apropiado» que sea el Supremo el tribunal que analice este asunto.

La letrada aseguró que «el caso se ha trasladado de manera responsable (al Supremo) y tras una cuidadosa consideración para determinar si era o no apropiado hacerlo así».

Además, arguyó que «no es una cuestión trivial ni se ha planteado de manera impulsiva (…) sino que se trata de una de las cuestiones de máxima importancia constitucional».

Bain consideró que «no hay ningún motivo» para aceptar uno de los puntos esgrimidos por Eadie, que sostenía que el Parlamento escocés pretende «sentar una jurisdicción restringida».

En cambio, matizó que la intención de Holyrood es «crear una jurisdicción donde se puedan referir cuestiones al Tribunal Supremo sobre asuntos reservados de la mayor amplitud».

Al término de la vista, el presidente del Supremo, Robert Reed, indicó que los cinco jueces que conforman esa corte «requerirán tiempo para considerar» los argumentos escuchados por parte de ambas partes al tempo que aseguró que «aprecian la importancia de este asunto», sobre el que emitirán un veredicto «lo antes posible».

A diferencia de lo que ocurrió en 2014, Nicola Sturgeon no tiene ahora autorización del Gobierno conservador de Londres para poder convocar, como quiere, en 2023, la nueva consulta. EFE

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