Exdiputado salvadoreño es condenado a 22 años de prisión por lavado de dinero

San Salvador, 15 mar (EFE).- El exdiputado suplente de la Asamblea Legislativa de El Salvador Roberto Carlos Silva Pereira fue condenado este martes a 22 años de prisión por los delitos de cohecho y lavado de dinero, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La fuente añadió que «el tribunal le ha ordenado pagar 17,7 millones de dólares en concepto de responsabilidad civil».

«Entre 2004 y 2006, Silva Pereira creó empresas para ganar de forma ilegal licitaciones públicas en diferentes alcaldías, principalmente las ubicadas en el oriente del país», agregó la FGR.

Silva Pereira, exmiembro del derechista Partido de Conciliación Nacional (PCN), fue deportado de Estados Unidos en enero de 2020 y detenido por la Interpol a su llegada al país centroamericano.

Desde su arresto el 5 de octubre de 2007 por parte de agentes del FBI en el sur de California, Silva Pereira inició una lucha que duró más de 12 años para evitar su deportación a El Salvador.

Alcanzó a recibir un fallo a su favor en su petición de asilo político en EE.UU. Sin embargo, un juez de inmigración revocó la decisión tras una apelación presentada por los fiscales de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El fallo final declaró inadmisible a Silva para obtener el asilo político, por lo que optó por ampararse bajo la Convención contra la Tortura y pidió ser enviado a Nicaragua argumentando que en El Salvador «sería asesinado en la cárcel».

El 28 de agosto de 2019, el panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Seattle, en el estado de Washington, negó la solicitud de Silva.

El Congreso salvadoreño retiró la inmunidad legislativa a Silva Pereira en noviembre de 2006, luego de ser vinculado a este escándalo de corrupción.

Por otra parte, la Fiscalía de Guatemala vinculó en 2009 a Silva Pereira en el asesinato en ese país de tres diputados de El Salvador al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su chofer, hecho ocurrido en febrero de 2007.

El móvil del crimen, según el Ministerio Público guatemalteco, habría sido «una venganza» de parte de Silva en contra de los parlamentarios del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), por haber aprobado en noviembre de 2006 que le retiraran su inmunidad legislativa.

El 19 de febrero de 2007, los cadáveres calcinados de los diputados salvadoreños al Parlacen, Eduardo D’Aubuisson, José Ramón González y William Pichinte, así como su chofer Gerardo Napoleón Ramírez fueron hallados en una comunidad rural del este de Guatemala. EFE

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