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Fiscalía del CPI acusa a jefe de Seleka de torturas en la R. Centroafricana

La Haya, 12 oct (EFE).- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) acusó hoy a un comandante de la coalición rebelde Seleka de la República Centroafricana, Mahamat Said Abdel Kani, de catorce crímenes de guerra y de lesa humanidad durante la primera vista de confirmación de cargos.

Según la versión de la Fiscalía, Said Abdel Kani fue el máximo responsable de dos centros de detención en Bangui, capital de la República Centroafricana, donde simpatizantes del expresidente François Bozizé habrían sufrido torturas y malos tratos continuos a lo largo de 2013.

“Las abrumadoras evidencias muestran que Said estaba en la habitación donde (los crímenes) sucedieron. Animó a que se cometieran, los facilitó e incluso participó en palizas y malos tratos”, dijo el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, que se estrenó en su puesto tras tomar el relevo de Fatou Bensouda el pasado junio.

Khan mostró fotografías de víctimas con heridas en los brazos y los hombros, consecuencia de haber estado atados durante días en posiciones inhumanas.

El fiscal jefe pidió que los jueces confirmen un total de catorce cargos contra Said Abdel Kani por crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre los que se incluyen encarcelamiento u otra privación grave de libertad, tortura, persecución, desaparición forzada y otros actos inhumanos.

Los delitos se habrían cometido en el contexto de los ataques de miembros de las fuerzas rebeldes Seleka contra población civil y partidarios del gobierno del derrocado presidente François Bozizé.

La representante de la Oficina de Asesoramiento Público para las Víctimas, Sarah Pellet, aseguró que los Seleka detuvieron a ciudadanos “de forma arbitraria” por “vivir en bastiones del presidente Bozizé o porque eran cristianos”, y que los arrestados “fueron despojados de agua y comida, esposados y nunca se presentaron cargos contra ellos”.

“Algunas víctimas fueron liberadas después de varios días o semanas. Otras nunca regresaron, desaparecieron en los confines de los centros de detención”, aseguró Pellet.

La representante de las víctimas alertó de que han pasado ocho años entre los delitos y el primer juicio contra un comandante Seleka en La Haya. “Las víctimas han esperado demasiado tiempo y están esperando respuestas”, aseguró ante un panel de tres jueces.

Said, que fue entregado a la CPI por las autoridades de la República Centroafricana el pasado 24 de enero en base a una orden de arresto internacional, compareció ante el tribunal con una chaqueta oscura y corbata y tomó notas cuando intervino el fiscal Khan.

Su abogada, Jennifer Naouri, aseguró que para entender el conflicto en la República Centroafricana hay que tener en cuenta “las heridas de la colonización francesa” y que las milicias que luchan en el país “se alían y se dividen, sin llegar a ser homogéneas”.

La letrada aseguró que “no existía una estructura (…) ni una cadena de mando” en los dos centros de detención en los que se habrían cometido los crímenes, y que muchos de los testigos aseguran que “no había manera de saber quién era el responsable” en ambas prisiones.

Las vistas de confirmación de cargos continuarán hasta el próximo viernes, cuando los jueces tendrán 60 días para decidir si el proceso sigue adelante y se juzga el fondo del asunto.

La República Centroafricana vive un escenario de violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes procedente del noreste de mayoría musulmana -los Seleka- tomó Bangui y derrocó al presidente François Bozizé tras diez años de Gobierno (2003-2013), dando inicio a una cruenta guerra civil, con miles de muertos.

Como resistencia contra los ataques de los Seleka se formaron entonces milicias cristianas anti-Balaka que, como el primer grupo, terminaron fragmentadas en una miríada de facciones armadas.

Dos líderes anti-Balaka, Alfred Yekatom y Patrice-Edouard Ngaïssona, están siendo al igual que Said procesados en La Haya por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Hoy en día, y pese a la firma de un histórico acuerdo de paz en febrero de 2019, dos tercios de la República Centroafricana -rica en diamantes, uranio y oro- están controladas todavía por milicias. EFE

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