Han e Ishiba acuerdan seguir cooperando en seguridad ante acercamiento de Moscú y Pionyang

Seúl, 19 dic (EFE).- El presidente interino de Corea del Sur, Han Duck-soo, y el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, acordaron este jueves seguir cooperando bilateralmente en seguridad, y también junto a Estados Unidos, en un momento de estrechamiento de lazos militares entre Rusia y Corea del Norte.

Ishiba y Han, quien asume de forma interina las jefaturas de Estado y de Gobierno surcoreanas hasta que el Tribunal Constitucional ratifique o levante la destitución del presidente Yoon Suk-yeol por su declaración de la ley marcial, llegaron al mencionado acuerdo en una conversación telefónica, según informaron los Ejecutivos de ambos países.

«Las dos partes coincidieron en la necesidad de continuar la estrecha cooperación entre Corea del Sur y Japón, así como entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, ante la amenaza nuclear norcoreana y la profundización de la colaboración entre Rusia y Corea del Norte», dijo la oficina de Han en un comunicado.

En palabras del portavoz gubernamental nipón, Yoshimasa Hayashi, ambos líderes «han confirmado la importancia de mantener y desarrollar su relación bajo la situación de Corea del Sur», en agitación política y social desde que el 3 de diciembre viera aplicada fugazmente la ley marcial.

Asimismo, Ishiba y Han acordaron trabajar por «comunicarse estrechamente» para preparar la conmemoración del 60 aniversario de la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países el próximo año.

Han también aseguró a Ishiba que todos los asuntos estatales se gestionarán estrictamente de acuerdo con la Constitución y la ley y prometió llevar a cabo la diplomacia y las políticas de seguridad sin demora.

Como segunda máxima autoridad del Estado, Han asumió la anterior semana las funciones del presidente Yoon, que fue destituido por el Parlamento en respuesta a su declaración de la ley marcial.

Yoon queda a expensas de lo que decida el Tribunal Constitucional, que tiene un máximo de seis meses para determinar si el presidente violó o no la Carta Magna y si, por lo tanto, debe ratificarse su cese o ser restituido en el puesto. EFE

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