Hong Kong aplica por primera vez Ley de Seguridad contra parientes de activista exiliada

Hong Kong, 2 may (EFE).- La Policía de Seguridad Nacional de Hong Kong anunció este viernes la detención del padre y del hermano de una «prófuga relevante» radicada en el extranjero, acusados de intentar gestionar sus recursos económicos.

Según fuentes policiales, esta es la primera vez que se aplica la disposición de la controvertida Ley de Seguridad Nacional que criminaliza la asistencia a «fugitivos designados» en la gestión de sus bienes.

Las fuerzas del orden arrestaron el pasado el 30 de abril en el distrito de Tseung Kwan O a dos hombres de 35 y 68 años y acusaron a este último de haber tratado de retirar fondos de una póliza de seguros a nombre de su hija presentando documentación con firmas supuestamente falsificadas.

Se trata del padre y del hermano de la activista Anna Kwok, directora ejecutiva del Consejo para la Democracia de Hong Kong, un organismo sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos creado para promover el ejercicio de las libertades en China.

El progenitor sigue por el momento detenido y se espera que declare en un juzgado de la excolonia británica en esta misma jornada, mientras el hermano, empleado de la aseguradora que gestiona las pólizas de Kwok, fue liberado bajo fianza y está siendo investigado por un posible abuso de su posición para facilitar la operación.

Las autoridades han reiterado su advertencia de que cualquier persona que colabore con «fugitivos designados» se enfrenta a penas severas de hasta siete años de prisión.

La policía afirma que la militante asistió entre septiembre de 2021 y febrero de 2022 a reuniones, participó en campañas en el extranjero y se reunió con políticos y funcionarios extranjeros para presionar a favor de sanciones contra China continental y Hong Kong.

El nombre de Kwok forma parte de una lista de al menos veinte antiguos abogados y activistas buscados por las autoridades de la excolonia y que residen en otros países.

Las autoridades ofrecen un millón de dólares hongkoneses (unos 128.934 dólares, 113.862 euros) a quienes proporcionen información que conduzca al arresto de los sospechosos de violar la Ley de Seguridad Nacional que Pekín impuso en la excolonia británica en junio de 2020.

Esta normativa penaliza prácticamente cualquier forma de disidencia y utiliza definiciones amplias para delitos como terrorismo, subversión, secesión y connivencia con potencias extranjeras.

Desde su entrada en vigor ha sido objeto de duras críticas por parte de gobiernos y organizaciones occidentales que prevén el comienzo de una «nueva era de autoritarismo» que podría socavar el principio de «un país, dos sistemas», fundamental para la autonomía y el estatus especial de la ciudad. EFE

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