HRW alerta del peligro del cierre inminente de campos de desplazados en Kurdistán iraquí

El Cairo, 13 may (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) alertó este lunes del peligro que supondrá para muchos desplazados el cierre previsto de los campamentos en la región del Kurdistán iraquí para finales del próximo julio. El Ministerio iraquí de Migración y Desplazamiento anunció el 30 de julio como fecha límite para cerrar los campamentos de desplazados en el Kurdistán con el fin de fomentar su retorno a los hogares con un paquete de ayudas e incentivos, incluido un pago único de 4 millones de dinares iraquíes (unos 3.000 dólares) por familia o algunos puestos de trabajo en el gobierno. Sin embargo, HRW afirmó que este cierre pondrá en peligro «los derechos de muchos residentes de los campamentos del distrito septentrional de Sinyar», una población que sigue siendo «insegura y que carece de servicios sociales adecuados para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de miles de desplazados que pronto podrían verse obligados a regresar». Los 23 campamentos repartidos por el Kurdistán acogen actualmente a unas 157.000 personas, muchas de las cuales proceden de Sinyar, según el Ministerio del Interior del Gobierno Regional del Kurdistán. «Muchos sinyaríes llevan viviendo en campamentos desde 2014 y merecen poder volver a casa, pero los retornos deben ser seguros y voluntarios», señaló la investigadora para Irak de HRW, Sarah Sanbar. «Dada la falta de servicios, infraestructuras y seguridad en el distrito, el Gobierno corre el riesgo de empeorar una situación ya de por sí es mala», aseveró. Sinyar, un distrito montañoso del noroeste de Irak, alberga una población mixta de kurdos, árabes y yazidíes, una minoría étnica y religiosa. El 80 % de las infraestructuras públicas y el 70 % de las viviendas de la ciudad de Sinyar, la mayor de la zona, fueron destruidas durante la guerra contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI), entre 2014 y 2017. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), unas 183.000 personas de Sinyar siguen desplazadas, incluido el 85 % de la población yazidí del distrito. En 2023, HRW concluyó en un informe que los principales obstáculos para el retorno de los sinyaríes eran la falta de indemnización por parte del Gobierno por la pérdida de sus bienes y medios de vida, el retraso en la reconstrucción, la inestabilidad de la situación de seguridad y la falta de justicia por los abusos cometidos contra ellos. Ese mismo año, HRW descubrió que ni una sola persona de Sinyar había recibido compensación económica tal y como exige la Ley nº 20 de 2009, y que 3.500 reclamaciones aprobadas estaban pendientes de pago. «Nadie quiere vivir en un campo de desplazados internos para siempre, pero cerrar estos campos cuando el hogar no es seguro no es una solución sostenible al desplazamiento», afirmó Sanbar.EFE ijm/rml