Justicia antiterrorista en Túnez convoca a nuevo opositor por «complot contra el Estado»

Túnez, 8 ago (EFE).- La Justicia antiterrorista de Túnez convocó para este miércoles al opositor y miembro del partido islamista Ennahda, Riadh Chaibi, por el caso de «complot contra la seguridad del Estado», que ha llevado a prisión provisional a una treintena de figuras políticas desde principios de año, informó a EFE el abogado del comité de defensa, Samir Dilou.

«Como parte de una serie de ataques y abusos contra todos los opositores al golpe del 25 de julio, recibí una citación para ser investigado», declaró el político en sus redes sociales.

Chaibi fue consejero político del líder histórico de Ennahda y antiguo presidente del Parlamento, Rached Ghannouchi, condenado en abril a un año de cárcel por «apología al terrorismo». La mayoría de los imputados pertenecen a esta formación conservadora, que fue la principal fuerza política de la última décadas tras la revolución de 2011.

Además forma parte del Frente de Salvación Nacional, una alianza opositora que reúne a partidos políticos de diferente ideología y miembros independientes contra lo que consideran un «golpe de Estado» del presidente Kais Said, que en julio de 2021 se arrogó plenos poderes para «preservar la paz social».

La Justicia liberó el pasado 13 de julio a la activista Chaima Issa y al abogado Lazhar Akremi, detenidos en febrero junto a cerca de treinta figuras políticas, empresarios y jueces acusados de «complot contra la seguridad del Estado», delito que prevé severas sentencias de prisión, incluida la pena capital.

Sin embargo, el Tribunal de Apelación rechazó la liberación de otros opositores: el exdirigente del partido Ettakatol- y de nacionalidad española- Khayam Turki; el exvicepresidente de Ennahda, Abdelhamid Jelassi; el cofundador del partido Corriente Democrática, Ghazi Chaouachi; el secretario general del Partido Republicano, Issam Chebbi y el constitucionalista Jaouhar Ben M’barek.

Desde entonces permanecen en prisión provisional- limitada a un máximo de 14 meses por ley- a la espera de un juicio o de su liberación, que ha sido rechazada en varias ocasiones por el juez de instrucción.

La disidencia acusa al mandatario de persecución judicial para paralizar las negociaciones que se llevaban a cabo con el fin de organizarse de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2024, todavía en el aire.

El pasado mes de julio un grupo de diputados del Parlamento Europeo rechazaron cualquier apoyo «incondicional» a Túnez, tras la firma de un acuerdo migratorio cuyos detalles se desconocen, ante los «excesos» cometidos por Said e hicieron un llamamiento a liberar a los opositores y defender las libertades y derechos ciudadanos en el país magrebí. EFE

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