La comisión que investiga el golpe en Brasil cita a un exjefe policial bolsonarista

Brasilia, 14 jun (EFE).- Un exjefe policial acusado de intentar beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022 será el primer testigo en declarar ante una comisión parlamentaria que investiga el fracasado golpe del pasado enero en Brasil, informaron este miércoles fuentes oficiales.

La senadora Eliziane Gama, instructora del grupo parlamentario, dijo que Silvinei Vasques, hasta diciembre pasado director de la Policía Federal de Carreteras, ha sido convocado a declarar el martes próximo.

Según Gama, Vasques deberá explicar una operación que ordenó el 30 de octubre del año pasado, cuando se celebraba la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, mediante la cual fueron montados retenes que obstaculizaron la llegada de votantes a los centros electorales.

La operación se realizó en la región noreste, fortín electoral del progresista Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó esos comicios con una ventaja de 1,8 puntos porcentuales sobre Bolsonaro, que se negó a reconocer su derrota.

Gama dijo que la convocatoria de Vasques responde a la sospecha de que el asalto a los tres poderes de la Nación lanzado el 8 de enero por una horda bolsonarista que intentaba forzar un golpe contra Lula, quien había asumido el poder ocho días antes, fue el corolario de «un plan» trazado desde las propias elecciones.

En ese marco, agregó que el segundo testigo citado por la comisión será George Washington de Oliveira Sousa, un empresario que confesó haber colocado en un camión cisterna una bomba de relojería, desactivada a tiempo por las autoridades, que estaba preparada para explotar en diciembre pasado en el aeropuerto de Brasilia.

El empresario también es sospechoso de haber financiado varios de los campamentos que la ultraderecha instaló después de las elecciones frente a cuarteles del Ejército para exigir un golpe que impidiera la investidura de Lula y mantuviera a Bolsonaro en el poder.

Oliveira Sousa ya ha sido condenado en primera instancia a nueve años de cárcel y, según Gama, declarará ante la comisión el jueves de la semana próxima.

La investigación parlamentaria está en sus inicios y va a remolque de los trámites ya en curso en la justicia, dirigidos directamente por la Corte Suprema.

Por los incidentes de enero fueron detenidas cerca de 2.000 personas, de las que unas 200 permanecen en prisión.

La Justicia ya ha aceptado los cargos contra 1.175 de los acusados, que responderán por diversos delitos, que abarcan desde intento de golpe de Estado hasta daños al patrimonio público.

Entre los investigados por el Supremo figura el propio Bolsonaro, sospechoso de haber alentado los actos golpistas con su desconocimiento de los resultados electorales y sus duras campañas de descrédito contra las instituciones democráticas.

La investigación parlamentaria ha sido impulsada por la oposición ultraconservadora, la cual sostiene que el Gobierno de Lula fue «omiso» frente a los golpistas y relajó el 8 de enero la seguridad en las sedes de los tres poderes con el propósito de facilitar el ataque y generar una ola de «solidaridad» con el líder progresista. EFE

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