La CorteIDH condena a Perú por la contaminación de una empresa metalúrgica a una comunidad

San José, 22 mar (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha condenado este viernes a Perú por la contaminación causada por una empresa metalúrgica a la comunidad de La Oroya, la cual fue catalogada en 2006 una de las 10 más contaminadas del planeta. La CorteIDH, con sede en Costa Rica, ha encontrado al Estado de Perú como responsable de la violación a los derechos al medioambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales, la protección judicial, a los derechos de la niñez, y al derecho a la vida. La Corte también concluye que el Estado es responsable por la violación a la obligación de desarrollo progresivo debido a que adoptó medidas regresivas en la protección del medioambiente. La actividad del Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO) «ha tenido un impacto significativo en el medioambiente, contaminando el aire, el agua y el suelo, al punto que en el año 2006 La Oroya fue catalogada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo», explica la CorteIDH. «La contaminación del aire en La Oroya ha superado considerablemente los respectivos lineamientos de la calidad del aire establecidos en la legislación nacional peruana, y ha producido la presencia de metales -plomo incluido- en la sangre de la población», asegura el tribunal. La sentencia indica que «el Estado incumplió con su deber de regulación y fiscalización de las actividades del CMLO» y que no brindó asistencia médica adecuada a las víctimas de la contaminación. La CorteIDH afirma que «el derecho a un medioambiente sano constituye un interés universal y es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad». La información de la CorteIDH detalla que desde 1922 se instaló el CMLO en la comunidad de La Oroya, ubicada en la sierra central de Perú, dedicándose a la fundición y refinamiento de metales con altos contenidos de plomo, cobre, zinc y arsénico. En 1974 el complejo metalúrgico fue nacionalizado y pasó a ser propiedad de la empresa estatal Centromin, pero en 1997 la compañía fue adquirida por la firma privada Doe Run Perú. «La exposición a la contaminación ambiental produjo graves alteraciones en la calidad de vida de las víctimas, generando además sufrimientos físicos y psicológicos que afectaron su derecho a la vida digna y la integridad personal. Dicha exposición tuvo un mayor impacto en los niños y niñas, las mujeres y los adultos mayores y, en el caso de ‘Juan 5’ y ‘María 14’, se consideró que el Estado es responsable por la violación de su derecho a la vida», señala la sentencia. La CorteIDH ordena a Perú realizar un diagnóstico de línea base para determinar el estado de la contaminación del aire, agua y suelo en La Oroya, el cual debe incluir un plan de remediación para daños ambientales; y brindar atención médica gratuita a las víctimas de este caso. Además, exige al Estado que compatibilice la normativa que define los estándares de calidad del aire, con el fin de que los valores máximos permisibles en el aire para plomo, dióxido de azufre, cadmio, arsénico, material particulado y mercurio no sobrepasen los máximos necesarios para la protección del medioambiente y salud de las personas. EFE dmm/adl/icn