La Eurocámara valida retrasar la aplicación de varias reglas de sostenibilidad corporativa

Estrasburgo (Francia), 3 abr (EFE).- El Parlamento Europeo acordó este jueves retrasar la aplicación de dos directivas en materia de sostenibilidad corporativa con el fin de negociar una simplificación de las mismas que suavice sus exigencias y limite el número de empresas que deben cumplirlas, decisión pendiente ahora de un trámite final por parte de los países de la Unión Europea (UE).

La propuesta, parte de la llamada ley «ómnibus» presentada por la Comisión Europea el mes pasado con el objetivo de aliviar las cargas regulatorias para las empresas, salió adelante con una amplia mayoría tras negociaciones que se alargaron hasta la misma mañana del voto.

«Hoy damos claridad legal a nuestras empresas y no les forzaremos a aplicar legislación que sabemos que cambiará», explicó a la prensa el popular sueco Tomás Tobé, que ha formado parte de las conversaciones.

La mayoría parlamentaria que ha sacado adelante el voto (531 votos a favor, 69 en contra, 17 abstenciones) se extiende desde las bancadas de ultraderecha hasta parte de los Verdes después de que tanto Verdes como los socialdemócratas se desmarcaran el martes de la solicitud de los populares de tramitar este ‘dossier’ por el procedimiento de urgencia.

«Cada grupo tiene sus líneas rojas y lo respetamos, pero lo importante hoy es que hemos visto una mayoría bastante amplia», celebró el popular, que ha negociado el texto con socialdemócratas, verdes y liberales.

Con el voto de hoy, la Eurocámara deja enfilada la decisión de retrasar la aplicación de varias normas: serán dos años en el caso de la directiva europea de presentación de informes de sostenibilidad para las grandes empresas que aún no han empezado a entregar estos informes, así como para las pymes cotizadas.

También amplía en un año el plazo que tenían los Estados para introducir en su legislación nacional la directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa, así como para la primera fase de su aplicación, que afectaba a las grandes empresas.

El objetivo de la medida es dejar tiempo a estos mismos legisladores para negociar el resto del paquete ómnibus, que incluye los detalles de cómo se simplificarán estas reglas.

Los planes de Bruselas pasan por reducir en un 80 % el número de empresas que estarán obligadas a presentar informes de sostenibilidad al limitar esta exigencia a las que superen los 1.000 empleados o los 450 millones de euros en facturación anual.

En cuanto a la directiva de diligencia debida, que obliga a las grandes compañías a prevenir, mitigar y remediar su impacto en la sostenibilidad medioambiental y social, la Comisión propuso suavizar las multas por incumplimiento, eliminando el umbral que exigía que la sanción mínima fuese al menos el 5 % de la facturación anual; así como suprimir la obligación de que rescindan sus contratos con proveedores que cometan vulneraciones.

Las propuestas fueron criticadas por numerosas ONG y sindicatos, que consideran que más que una simplificación constituyen una «desregulación», que suponen un paso atrás en los compromisos climáticos y sociales de la UE, y que penalizan a las empresas pioneras en invertir en sostenibilidad mientras que favorecen a las que arrastraron los pies.

La Comisión niega que se esté retrocediendo en las políticas verdes y defiende que con esta simplificación se avanza hacia una reducción del 25 % de las cargas para las empresas y del 35 % para las pymes, atajando así una de las principales barreras que, según las firmas europeas, les frena a la hora de competir con las empresas chinas o estadounidenses. EFE

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