La extrema derecha entra por primera vez en un gobierno regional en España

Santiago Abascal, líder de Vox, habla durante un mitin de la formación ultraderechista el 26 de octubre de 2019 en el centro de Madrid afp_tickers

Por primera vez desde la vuelta de la democracia a España hace más de cuatro décadas, un partido de extrema derecha, el ascendente Vox, formará parte de un gobierno regional tras haber alcanzado un acuerdo con los conservadores del Partido Popular.

Los socialistas del presidente español, Pedro Sánchez, denunciaron inmediatamente lo que calificaron como «pacto de la vergüenza», al tiempo que Vox no escondía su ambición de repetir la operación en otras regiones del país, e incluso a nivel nacional en las próximas elecciones generales, que se celebrarán en menos de dos años.

«Es una pésima noticia para la democracia española» que la derecha haya abierto «la puerta por primera vez en nuestra historia democrática (…) a un gobierno [con] la ultraderecha», reaccionó el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, al margen de una cumbre europea en Versalles.

En un país descentralizado, donde las comunidades autónomas tienen competencias considerables, la entrada de Vox en el ejecutivo de Castilla y León (norte de Madrid) tiene importantes implicaciones políticas. Este partido ultranacionalista y contrario a la inmigración, al que sus detractores acusan de ser nostálgico del franquismo, podría usar esta región como laboratorio de sus ideas.

«El día de hoy ha sido un día histórico (…) para Vox», celebró Juan García-Gallardo, quien será el nuevo vicepresidente de Castilla y León. «Este gobierno de coalición va a dar un buen ejemplo» a todo el país, agregó ante la prensa en Valladolid, capital de esta región rural de 2,4 millones de habitantes.

Gracias a este acuerdo, por el que Vox accede igualmente a tres «ministerios» regionales y a la presidencia del Parlamento autonómico, el hasta ahora presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), podrá mantenerse al frente de este feudo de la derecha desde hace 35 años.

Tras romper su alianza con el partido de centro Ciudadanos, Mañueco convocó unas elecciones regionales anticipadas en febrero de las que salió vencedor, aunque sin mayoría absoluta. Vox, por su parte, dio un salto exponencial y consiguió el 17,6% de los sufragios y 13 escaños regionales de 81, frente al único que tenía hasta entonces.

– En alza –

Fundada en 2014, la formación de extrema derecha ya generó una fuerte conmoción en la política nacional a finales de 2018 cuando consiguió irrumpir con fuerza en el Parlamento de Andalucía (sur), bastión histórico de la izquierda y región más poblada de España.

Pero hasta el momento no había entrado en ningún ejecutivo regional de forma directa, ni en esta región meridional ni en la de Madrid, donde apoya a los gobiernos del Partido Popular, aunque sin integrarlos.

En el plano nacional, Vox se convirtió tras las elecciones legislativas de 2019 en la tercera fuerza del país y cuenta con 52 diputados de los 350 que componen el Congreso español. Y sus resultados podrían mejorar en las próximas legislativas, previstas como muy tarde para enero de 2024, según encuestas recientes que proyectan una posible mayoría absoluta PP-Vox.

«40 años después» del fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975 y el restablecimiento de la democracia en España, «la extrema derecha vuelve a los gobiernos» de la mano del Partido Popular, escribió en Twitter la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.

«Estaremos vigilantes para que no haya retrocesos en los derechos y libertades de los castellanos y leoneses», agregó.

– PP, a la defensiva –

El acuerdo llega justo cuando el Partido Popular trata de dejar atrás unas últimas semanas frenéticas por la guerra interna que llevó a la caída de su jefe Pablo Casado, que acabó perdiendo los apoyos de los barones de la formación.

Único candidato por el momento para relevar a Casado, Alberto Núñez Feijóo intentó el jueves defender la «legitimidad» de un gobierno regional PP-Vox y aseguró que la única alternativa habría sido repetir las elecciones, reprochando a los socialistas su negativa a apoyar un gobierno minoritario del Partido Popular.

Abiertamente a favor de derogar las leyes contra la violencia machista, Vox se opone a las medidas de reconocimiento de las víctimas de la dictadura o a la comisión de investigación aprobada este jueves para investigar los casos de pederastia en la Iglesia católica.

Por el momento, sin embargo, no ha trascendido el contenido político del acuerdo que ha suscrito con el Partido Popular en Castilla y León.