La hija de una peruana muerta tras una esterilización forzada exige ante una Corte conocer «la verdad»

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La hija de una peruana que murió tras ser esterilizada a la fuerza en 1997 exigió este jueves conocer «la verdad», durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Guatemala.

El polémico programa nacional de planificación familiar fue implementado durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori (1990-2000), fallecido en septiembre de 2024, y miles de mujeres afirman que fueron esterilizadas sin su consentimiento.

«En mi familia, ya después de casi tres décadas que mamá falleció, esperamos que se conozca la verdad de lo que pasó, que se haga justicia», dijo Marisela Monzón, hija de Celia Ramos, fallecida en 1997 días después de ser operada.

Monzón, que tenía diez años cuando murió su madre, comentó que su padre y un tío presentaron varias denuncias judiciales en Perú que fueron archivadas. 

Este caso fue presentado en 2010 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, pero ante el incumplimiento de las recomendaciones, fue derivado en junio de 2023 a la Corte, que tiene su sede en San José, Costa Rica.

Es la primera causa sobre el cuestionado programa que llega a la Corte Interamericana, destacó la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en un comunicado.

El tribunal continental desarrolla desde el lunes en Guatemala audiencias públicas de varios casos, entre ellos la muerte de Ramos, y debe dictar las sentencias en los próximos meses. 

La esterilización forzada fue una práctica «sistemática» que vulneró a unas «300.000 mujeres»; una «forma de violencia» de género que constituye un delito de lesa humanidad, denunció en octubre el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, que llamó a Perú a indemnizar y reparar a las víctimas.

Se trata del mayor caso de esterilizaciones forzosas documentado en América Latina y el primero que llega a la Corte Interamericana.

Fujimori siempre tildó de «falsas» las acusaciones. En un fallo de 2023, la justicia peruana reconoció que las «esterilizaciones involuntarias fueron una política pública».

Más de 7.000 mujeres están inscritas hasta ahora en un registro nacional de víctimas de esterilizaciones. Según la fiscalía peruana, todavía no hay condenados y hay 3.000 casos en investigación preliminar.

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