La ley que protege a la monarquía y bloquea la elección de primer ministro en Tailandia

Bangkok, 18 jul (EFE).- La conocida como ley de lesa majestad, que protege de toda crítica a la monarquía de Tailandia bajo severas penas de cárcel, se ha convertido en el principal escollo para que el ganador de las recientes elecciones se convierta en primer ministro.

Pita Limjaroenrat, quien al frente del partido progresista Avanzar (Move Forward) logró 14 millones de votos en los comicios del 14 de mayo, se presenta de nuevo este miércoles como aspirante al cargo, tras el bloqueo que sufrió su candidatura el pasado jueves.

Avanzar, que cuenta con el respaldo de los jóvenes que desde 2020 reclaman una profunda reforma democrática en el país que alcanza hasta a la venerada Casa Real, mantiene viva su promesa electoral de tratar de enmendar esta draconiana ley.

Ese compromiso aleja del poder a Pita y su partido que, a pesar de sumar en coalición con otras siete formaciones una amplia mayoría en la electa Casa de Representantes, se topa con el amplio rechazo del Senado no electo que ve la posible reforma como una amenaza al sistema actual.

La Constitución de Tailandia, redactada en 2017 bajo la dictadura militar, establece que el aspirante a primer ministro debe alcanzar la mayoría absoluta en una votación bicameral.

A continuación se exponen unas claves sobre esta polémica ley que ha derivado en un callejón sin salida político:

DURAS PENAS DE PRISIÓN

«Quien difame, injurie o amenace al rey, la reina, al heredero o regente, debe ser castigado con la encarcelación por entre tres a quince años», apunta el artículo 112 del Código Penal, popularmente referido como ley de lesa majestad.

La imprecisa definición de la ley, tipificada como delito desde 1957, abre la puerta a la interpretación de los tribunales que han llegado a encarcelar a acusados por un dibujo de un pato que, según los magistrados, servía para mofarse del monarca.

AMINORAR EL CASTIGO

La formación progresista, acusada ante el Tribunal Constitucional de «tratar de derrocar» el sistema democrático con el rey como jefe de Estado -que podría costar su disolución-, se mantiene firme en su promesa de enmendar la ley con el objetivo de rebajar las penas.

También propone que sea la Oficina de la Casa Real la única que pueda presentar denuncias, en contraste con la situación actual por la que cualquier persona puede interponer una acusación.

PERSECUCIÓN

El uso de esta ley se ha disparado desde las masivas protestas lideradas por jóvenes que con sus históricas marchas en 2020 rompieron el tabú sobre debatir asuntos de la monarquía en público.

Prueba de ello fue la sesión del día 13 en el Parlamento, en la que Pita no fue elegido principalmente por la abstención del Senado, donde se debatió durante horas sobre la ley de lesa majestad, hasta ahora algo inédito.

Desde junio de 2020 hasta este mes, al menos 252 personas, incluidas menores de hasta 14 años, han sido acusadas por la ley de lesa majestad por su participación en las protestas.

DERROCAR A LA MONARQUÍA

Mientras Avanzar cataloga el artículo 112 del Código Penal como un instrumento político para reprimir a la disidencia, facciones conservadoras la ven clave para la estabilidad del país.

Miembros del Senado, elegido a dedo en 2019 por la extinta junta militar y con mandato hasta 2024, han censurado la intención de reformar la ley y aseguran de que en realidad esconde el primer paso para derrocar la monarquía.

ENMIENDA PREVIA

Sin embargo, existen precedentes sobre la reforma de la ley de lesa majestad, como subrayó durante el debate del jueves el diputado Sereepisuth Temeeyaves, líder de un partido socio de Avanzar, al criticar a los senadores que consideran inmutable los artículos del Código Penal que protegen al monarca.

En 1997, el Legislativo reformó esta ley para aumentar el castigo de un rango de 1 a 7 años de prisión a los actuales de 3 a 15 años de cárcel. EFE

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