La República Checa y Eslovaquia deben mejorar los derechos de las mujeres y las minorías

Praga, 24 abr (EFE).- La República Checa y Eslovaquia, dos países miembros de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, tienen aún asignaturas pendientes en cuanto a la defensa y el respeto de los derechos de las mujeres y las minorías. Así lo afirma la ONG Amnistía Internacional (AI) en su informe anual publicado este miércoles. El documento destaca que el Parlamento checo no ha ratificado aún el Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, conocido como ‘Convenio de Estambul’. Esa falta de adhesión al tratado que se considera el mejor instrumento jurídico internacional para proteger a las mujeres es atribuida por AI a la «desinformación», así como al «enérgico rechazo de figuras políticas del gobierno y de la oposición». Por otro lado, el informe dice que muchos refugiados ucranianos sufren discriminación en el mercado laboral checo. En un contexto de recesión económica e inflación, en 2023 se han producido tensiones que afectan a las minorías, señala. Según AI, el 64 % de los 350.000 refugiados ucranianos que habían llegado a la República Checa huyendo de la invasión rusa de su país había accedido a un puesto de trabajo el año pasado. Sin embargo, en su inmensa mayoría se trata de empleos «mal pagados» y «de baja cualificación», subraya la oenegé. Además, denuncia casos en los que refugiados ucranianos fueron objeto hostigamiento, así como de discursos e incluso crímenes de odio. Por otro lado, AI critica «las transferencias irresponsables de armas» desde Chequia a países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Israel «pese al riesgo sustancial de que fueran utilizadas para cometer violaciones graves del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario». Otra minoría que sufre discriminación es la de los gitanos, sobre todo en Eslovaquia, recuerda el informe. Más concretamente, destaca la segregación escolar de niños de la etnia romaní, obligados a ir a escuelas «especiales» a pesar de fallos contrarios a esa práctica del Tribunal Supremo y el Tribunal Regional de Presov, que la consideran «discriminatoria». Los jueces habían advertido de que separar a los alumnos gitanos en clases o escuelas especiales vulnera «el derecho al acceso igualitario a la educación», recuerda AI. Denuncia asimismo las malas condiciones de vida de muchas personas de esta minoría étnica, que supone el 7,5 por ciento de la población total, «en viviendas segregadas y expuestas a peligros ambientales sin acceso a agua, saneamiento ni electricidad». EFE gm/wr/jam