Ley de agentes extranjeros atenta contra DD.HH., señala activista salvadoreño

San Salvador, 18 nov (EFE).- La ley de agentes extranjeros, cuyo proyecto fue impulsado por el Gobierno Nayib Bukele y es respaldado por el oficialismo que domina el Congreso, atenta contra los derechos humanos de la población pobre y vulnerable de El Salvador, señaló este jueves el activista Luis González.

El también ambientalista, miembro de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), dijo durante una conferencia de prensa que la normativa también «vendría a limitar el trabajo de las organizaciones para garantizar los derechos humanos».

González señaló que, a su juicio, el Gobierno salvadoreño ha tomado decisiones que «afectan los derechos humanos» e indicó que «hay señalamientos internacionales que indican que se están haciendo mal las cosas».

Organismos internacionales y relatores de la ONU han manifestado su preocupación por la iniciativa y Amnistía Internacional (AI) señaló que la ley reforzaría el «hostigamiento y estigmatización» a organizaciones humanitarias y prensa.

González enfatizó que «el Gobierno debería valorar que diferentes instancias están señalando que las cosas se hacen mal, recapacitar y hacer bien las cosas».

El ambientalista llamó a la Asamblea Legislativa a no aprobar dicha ley, ya que «es una ley nefasta que violenta los derechos humanos y que seguirá socavando a la población más pobre y vulnerable».

Se esperaba que el proyecto de ley hubiera sido aprobado el miércoles durante la sesión plenaria correspondiente a esta semana, pero la propuesta no fue incluida en la agenda del Congreso.

La iniciativa, que tiene luz verde para su votación con apenas un par de reuniones de exposición en una comisión de diputados, establece la creación de un registro de organizaciones o personas cuyas actividades en El Salvador «respondan o sean financiadas directa o indirectamente por un extranjero», según el texto del proyecto de ley.

Señala en su objetivo que busca que «los ciudadanos conozcan los agentes extranjeros destinados a influir en la opinión pública» y establece para la financiación de estos agentes un impuesto del 40% de su financiación.

Los legisladores añadieron a la propuesta penas de cárcel de entre 2 a 5 años a las personas o representantes de una organización que «ejecute actos que contravengan el orden público, la seguridad nacional o soberanía del Estado, valiéndose para ello de fondos recibidos por mandante extranjero», según reportes locales.

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, afirmó recientemente que esta propuesta de ley busca «silenciar a voces críticas».

La propuesta fue enviada por Bukele al Congreso pocos días después de acusar a Estados Unidos de financiar a organizaciones sociales que a su juicio son la «oposición política». EFE

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