Macrojuicio contra opositores en Túnez: «opacidad» y severas penas de prisión

Túnez, 19 abr (EFE).- El mayor juicio contra opositores, de todo el espectro político, celebrado en Túnez desde la caída del dictador Ben Ali en 2011, con la llamada Primavera Árabe, terminó este sábado con una condena de entre 13 y 66 años de prisión.

La defensa calificó el proceso de «farsa», después de que la sentencia se hiciera pública la madrugada del sábado por la sala antiterrorista del Tribunal de Primera Instancia de Túnez, en tras solo tres audiencias a puerta cerrada, sin la presencia física de los acusados y con acceso restringido a medios y observadores.

Human Right Watch (HRW) denunció que en el macrojuicio no hubo «mínima muestra de justicia».

La organización revisó las «140 páginas del juez instructor —que permite que el caso sea remitido a juicio—, donde se muestra que estos graves cargos parecen infundados y no basados ​​en ninguna prueba creíble», aseguró.

HRW alertó esta semana del aumento de las detenciones «arbitrarias» en Túnez, en un contexto en el que se ha «intensificado drásticamente la represión de la disidencia» desde el acaparamiento de poderes del presidente Kais Said en 2021.

Said disolvió el Parlamento en julio de 2021 para «rectificar el curso de la transición democrática», tras una convulsa década, y con una nueva Constitución de corte presidencialista fue reelegido en las elecciones de 2024 con más de un 70% de abstención.

Políticos, empresarios y activistas

Según las primeras informaciones, a falta de que las familias reciban el veredicto oficial, entre los 40 condenados se encuentra el empresario Kamel Eltaief con la mayor pena de cárcel, 66 años; el político Khayam Turki, con pasaporte español como hijo de exiliada, a 48 años y el exdirigente del partido Ennahdha, Noureddine Bhiri, a 43 años.

El dirigente de la coalición opositora Frente Nacional de Salvación (FNS), Ahmed Nejib Chebbi, recibió una pena de 18 años, la misma que su hermano Issam, en prisión preventiva así como el constitucionalista, Jawhar Ben Mbarek, detenido desde febrero de 2023, por encima de los 14 meses que permite la ley.

El intelectual francés Bernard-Henri Lévy fue también condenado a 18 años de prisión, en este caso en rebeldía ya que está refugiado en Francia como el activista Kamel Jendoubi que calificó en su red social de Facebook la sentencia como «un asesinato judicial» ejecutado por «jueces a las órdenes» y bajo la tutela directa de un «poder paranoico».

La oposición tildó el juicio de «kafkiano» y «políticamente motivado».

Falta de transparencia

El Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT) denunció que el proceso tuvo lugar con una «opacidad» sin precedentes.

«Este lugar pertenece legítimamente a los periodistas, incluso en tiempos de Ben Ali. Nunca se actuó así. Hoy se ha vuelto prohibido acceder a los juicios para transmitir lo que ocurre. Es el final de toda transparencia. Impedir actuar a la prensa es pisotear el derecho a un juicio justo», declaró el colectivo en un comunicado.

El abogado Samir Dilou señaló que la defensa presentó documentación que demuestra que varios acusados tienen recursos de casación aún pendientes: «Lo ocurrido es un escándalo jurídico: veredictos dictados sin audiencia, sin contradicción, sin defensa», afirmó.

El magistrado jubilado Samir Ben Abdelrahmane, expresidente de la Cámara de Apelación del Tribunal Administrativo, aseguró a EFE haber leído íntegramente el expediente de instrucción.

A su juicio, el caso está «jurídicamente vacío» y responde a un montaje político.

«No hay crimen, ni prueba material, ni acto que constituya una infracción según el derecho. Se han utilizado testigos anónimos, procedimientos irregulares y elementos ridículos como un supuesto testigo XXX”, declaró.

Para él, el proceso busca «atemorizar a la población, liquidar la clase política, silenciar el periodismo independiente y destruir lo que queda de democracia».

«La ruptura es total. Ya ni siquiera se intenta convencer a la opinión o a los observadores extranjeros», consideró.

La Liga Tunecina de Derechos Humanos (LTDH) advirtió que estas condenas representan «un grave retroceso en los derechos constitucionales» y denunció el uso del poder judicial como «instrumento de represión política».

Mientras la sociedad civil tunecina reacciona con preocupación, los equipos de defensa preparan apelaciones y llaman a la comunidad internacional a vigilar un proceso que, según sus palabras, marca un punto de inflexión en la historia democrática del país, clave en la orilla sur del Mediterráneo. EFE

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