ONG y feministas urgen al Estado peruano a garantizar derechos de mujeres
Lima, 2 jun (EFE).- Organizaciones no gubernamentales, feministas y de derechos humanos instaron este jueves al Estado peruano a cumplir con las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (Cedaw) de la ONU y garantizar los derechos de las mujeres y la población LGTBI+.
Una decena de entidades civiles denunciaron, en una conferencia de prensa virtual, atentados y retrocesos contra los derechos de las mujeres en Perú y exigieron al Gobierno, al Congreso, al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional atender los resultados de la reciente examinación de la CEDAW, que alerta de los desafíos que aún afronta el país andino en materia de igualdad.
«El tema de Perú está bastante complicado porque, en relación a anteriores observaciones, sin duda hay avances, pero también muchos retos todavía por atender», declaró Leticia Bonifaz, experta de la Cedaw.
La abogada mexicana insistió en la necesidad de vencer los estereotipos de género, atender el «grave problema de la violencia», cerrar la existente brecha entre el campo y la ciudad, frenar el embarazo infantil y adolescente, y despenalizar el aborto en ciertas circunstancias.
«La recomendación (del comité de la Cedaw) va a ser muy útil como guía para el Gobierno del Perú hacia donde se debe caminar», aseguró Bonifaz.
Durante su intervención, Melissa Sánchez, del colectivo Católicas por el Derecho a Decidir, denunció la «falta de avances en la reducción del embarazo adolescente y el acceso altamente restrictivo al aborto terapéutico» en Perú y mencionó que en 2021 el país registró 51 muertes maternas en menores de 19 años.
Sobre el «drama del embarazo adolescente» también se pronunció la organización feminista Flora Tristán, que recordó que el año pasado más de 1.430 niñas menores de 14 años fueron obligadas a ser madres y exhortó a las autoridades a aprobar el proyecto de ley presentado ante el Parlamento a finales de 2021 que propone la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación.
La defensora del pueblo, Eliana Revollar, destacó la recurrente desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en el país, donde cada 90 minutos se reporta un caso, y la necesidad de garantizar una educación sexual integral en los colegios. EFE
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