Organizaciones brindan datos a la ONU para examen a El Salvador sobre tortura

San Salvador, 8 nov (EFE).- El Estado de El Salvador se someterá el próximo 16 de noviembre a un examen sobre tortura y otros tratos crueles e inhumanos, por lo que organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos proporcionaron a la ONU datos y análisis sobre dicha situación, según se informó este martes.

Se trata de un informe elaborado por al menos 10 entidades no gubernamentales que fue presentado para «alimentar» al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, con el fin de que «le permita evaluar de mejor manera al Estado salvadoreño el próximo 16 de noviembre».

De acuerdo con Yaneth Martínez, técnica legal de la organización Cristosal, el examen forma parte del monitoreo que hace el Comité a todos los Estados que son parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Sonia Rubio, de la organización Fundación para el Debido Proceso, explicó a periodistas que para las organizaciones de la sociedad civil que han elaborado el informe «es muy importante el escrutinio internacional acerca de la obligaciones que el Estado salvadoreño ha asumido con la rectificación del convenio contra la tortura».

Señaló que «el examen que este grupo de expertos internacionales estará realizando al país es conforme a estas obligaciones, incumplimientos y violaciones en el contexto actual que vive el país».

Actualmente, El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción, que suspende varias garantías constitucionales, desde finales de marzo tras una escalada de asesinatos atribuidas a las pandillas.

Esta medida, a la que el Gobierno llama «guerra contra las pandillas» y que se ha implementado para «combatir» a las maras, se ha prorrogado siete veces y ha dejado a más de 56.800 personas detenidas.

El pasado 25 de octubre, el Estado de El Salvador se negó a rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las acusaciones de detenciones arbitrarias, muertes en custodia estatal y tortura bajo el régimen de excepción vigente. EFE

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