Países Bajos actuó legalmente al ayudar en detención de Julio Poch en España

Imane Rachidi

La Haya, 1 feb (EFE).- El Gobierno neerlandés actuó dentro de la legalidad al facilitar el arresto del expiloto neerlandés-argentino Julio Poch en España en 2009 para su extradición a Buenos Aires, donde fue absuelto en un juicio por los crímenes de la dictadura, según un informe oficial publicado este lunes entre sospechas de que “círculos de la Casa Real” trataron de influir en su caso.

Poch mantuvo un pulso a Países Bajos desde que regresó en diciembre de 2017 a Ámsterdam para reunirse con su familia, cumplidos siete años en una prisión argentina acusado de crímenes de lesa humanidad por su presunta participación en los conocidos como “vuelos de la muerte” durante la dictadura militar, entre 1976 y 1983, etapa en la que los opositores a la junta de Jorge Videla fueron arrojados desde aviones al mar.

El expiloto fue absuelto por la Justicia argentina por falta de pruebas y desde entonces exige al Estado neerlandés una indemnización de 5 millones de euros por haber cooperado “ilegalmente” en su arresto. Al no poder detenerle y extraditarle desde Países Bajos, puesto que tiene nacionalidad neerlandesa, La Haya proporcionó información a España sobre un vuelo que pilotaba a Valencia, lo que llevó a su captura por las autoridades españolas.

Una Comisión independiente, que investigó el papel de Países Bajos en la detención de Poch, consideró hoy que La Haya estaba “obligada a proporcionar a Argentina información para su procesamiento judicial en ese país”, por lo que actuó legalmente investigando al expiloto y cooperando en su arresto en España en septiembre de 2009.

Al año siguiente, Poch fue extraditado a Argentina bajo la sospecha de comisión de crímenes de lesa humanidad, acusación basada en información que había ofrecido un excompañero suyo, que aseguró haberle escuchado hablar de su papel en los “vuelos de la muerte”.

INFLUENCIAS DEL GOBIERNO

Según la Comisión, el procedimiento de los neerlandeses fue legal en todas sus etapas, adaptado al derecho nacional e internacional, y habiendo tomado «medidas correctas y cuidadosas”, añadió el presidente del comité y exabogado general del Tribunal Supremo, Ad Machielse.

Ni el entonces ministro de Justicia, Ernst Hirsch Ballin, encargó personalmente investigar a Poch, ni intervino en las labores policiales, ni tampoco hay “indicios” de que Países Bajos considerara “necesario” que el expiloto fuera juzgado en Argentina, según el comité, para el que La Haya prefiere que los delitos sean juzgados en el país donde se cometieron.

“Sin embargo, el comité encontró un intento (infructuoso) de intervención en la investigación», según el informe. En 2007, y presuntamente desde “círculos de la Familia Real”, una “mujer” que dijo estar trabajando para la monarquía llamó al representante neerlandés ante Eurojust, la agencia de cooperación judicial de la Unión Europea, para “influir” en una investigación que aún no era pública.

VÍNCULOS CON LA CASA REAL

La detención de Poch llegó en un momento muy sensible para Países Bajos, en pleno debate sobre el padre de la actual reina Máxima, hija de Jorge Zorreguieta, que fue ministro de Agricultura durante el régimen de Videla y había sospechas sobre su posible participación en violaciones de derechos humanos, lo que incluso amenazó con boicotear el matrimonio de Máxima con el rey Guillermo Alejandro, entonces príncipe heredero.

El comité no logró determinar quién fue la persona que hizo esa llamada al fiscal Roelof Jan Manschot, aunque sí recoge en su informe una transcripción de la conversación, en palabras de este representante neerlandés, que asegura que le preguntó si “ese caso contra ese piloto argentino era necesario” y justificó que era un tema “muy doloroso para Máxima”.

Los investigadores subrayan que este fue el único intento sin éxito de influir en la investigación que han detectado y advierten: «No queremos especular. No tenemos indicios de que haya sucedido algo concreto para frustrar la investigación» del caso.

Poch reconoció hoy estar “sorprendido” con las conclusiones del informe y aseguró que hay elementos que son “demostrablemente incorrectos” o “incomprensibles”. Lamentó que el comité no le hizo preguntas ni a él ni a su abogado. “Y eso que tenemos pruebas cruciales” contra el Ejecutivo neerlandés, añadió. EFE

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