Periódico independiente de Etiopía acusa a medios estatales de difamación
Adís Abeba, 20 dic (EFE).- La empresa Jakenn Publishing PLC, dueña de uno de los periódicos más independientes de Etiopía -Addis Standard-, lamentó este lunes «la divulgación repetida» de «acusaciones infundadas» y «difamaciones» contra su diario por parte de una radiotelevisión estatal, Fana Broadcasting Corporate (FBC).
El pasado domingo, FBC «publicó en su página web y en sus cuentas en las redes sociales que Addis Standard está recibiendo dinero del Gobierno de los Estados Unidos para ejercer presión sobre el Gobierno de Etiopía», señaló un comunicado de Jakenn Publishing PLC.
Esta acusación se publicó «sin ofrecer ni una evidencia sobre cómo Addis Standard está ayudando al Gobierno de los EE.UU.», añadió dicho comunicado.
Desde entonces, «los miembros de la sala de redacción de Addis Standard están recibiendo amenazas alarmantes de personas anónimas, incluidas amenazas de muerte», informó Jakenn Publishing PLC.
No es la primera vez que medios de comunicación vinculados con FBC acusan a Addis Standard de trabajar para gobiernos extranjeros.
El pasado julio, un documental de FBC indicó que este medio estaba relacionado con redes de agencias de inteligencia militar internacionales.
Jakenn Publishing PLC lamentó que, aunque envió varias cartas pidiendo una corrección de dicho documental, «todos nuestros intentos fueron en vano y FBC continúa difamando a Addid Standard y poniendo en peligro la seguridad de sus trabajadores».
La semana pasada, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) indicó que las autoridades etíopes, en guerra con los rebeldes de la norteña región de Tigré, usaron el estado de emergencia para arrestar al menos a 14 periodistas desde el pasado 12 de noviembre.
«Las autoridades etíopes deben liberar inmediata e incondicionalmente a todos los periodistas detenidos por hacer su trabajo y no deben usar la ley del estado de emergencia para encarcelar a miembros de la prensa», exigió el CPJ.
Desde que empezó la guerra con los rebeldes tigrinos, el Gobierno federal ha bloqueado en varias ocasiones todas las comunicaciones en Tigré y vetado la entrada de los periodistas -e incluso de los trabajadores humanitarios a la zona-, impidiendo a los medios de comunicación informar desde el terreno.
La guerra estalló el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), partido gobernante hasta entonces en Tigré, en represalia por un ataque a una base militar federal y después de una escalada de tensiones políticas.
Según la ONU, miles de personas murieron y unos dos millones tuvieron que abandonar sus hogares en Tigré debido a este conflicto, que se expandió también a las regiones vecinas de Afar y Amhara.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes una resolución para crear una comisión de investigación de posibles crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por todas las partes en el conflicto, una iniciativa rechazada por el Gobierno etíope pero que cuenta con la aprobación del FPLT. EFE
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