Perú incluye a 52 beneficiarios del apoyo económico a víctimas de protestas

Lima, 26 abr (EFE).- El Gobierno de Perú incorporó a otras 52 personas a la lista de beneficiarios del apoyo económico que está entregando a los parientes de los fallecidos y a los heridos de gravedad durante las manifestaciones antigubernamentales que se presentaron entre diciembre y febrero pasado en el país.

La medida fue refrendada este miércoles mediante una resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), que oficializó una cuarta lista de personas que, en este caso, recibirán 25.000 soles (unos 6.500 dólares) «de manera excepcional y por única vez».

La resolución incluye a heridos graves durante las protestas y fue publicada en el diario oficial El Peruano con la firma del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, quien asumió el cargo el domingo, en reemplazo de José Tello.

El gobierno peruano aprobó el 23 de febrero pasado un primer listado de beneficiarios en el que se incluyó a 92 familiares de 52 personas fallecidas durante las manifestaciones.

El 4 de marzo se publicó un segundo listado, conformado por 7 dparientes de otras 4 personas fallecidas, y 27 heridos de gravedad, y un tercer listado se aprobó el 3 de abril, con otras 77 personas heridas durante las protestas.

El Gobierno también autorizó el pasado 6 de abril la entrega del apoyo económico a los deudos de seis soldados que fallecieron ahogados en un río de la región sureña de Puno el 5 de marzo pasado, durante las protestas antigubernamentales.

El Ejecutivo anunció el pasado 22 de febrero que iba a entregar un apoyo económico de 50.000 soles (13.150 dólares) a los parientes de cada uno de los fallecidos y 25.000 soles (6.500 dólares) a los heridos de gravedad.

Las víctimas y familiares fueron identificados por una comisión especial creada el 31 de diciembre pasado, que planteó la entrega del bono económico que, según aseguró el Gobierno, «corresponde a una subvención que no tiene naturaleza resarcitoria ni reparatoria».

«Este beneficio no tiene implicancia en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles y/o penales» que determinen las investigaciones de los enfrentamientos, indicó.

Las manifestaciones comenzaron en diciembre pasado tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo y exigieron la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y la convocatoria de una asamblea constituyente.

El número total de víctimas mortales de las protestas llegó a 77, tras el fallecimiento el pasado 21 de marzo de un joven de 22 años que se encontraba en grave estado tras haber recibido dos meses antes el impacto de 36 perdigones en la ciudad del Cuzco.

Con esta muerte se elevó a 49 los fallecidos de manera directa por la represión de las manifestaciones.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, otros 48 civiles murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que un policía fue quemado vivo y otras 11 personas fallecieron debido a bloqueos de carreteras por manifestantes.

Boluarte confirmó otro fallecimiento de un paciente que quedó retenido en los bloqueos, y Unicef el deceso de un bebé nonato, mientras que la Policía reportó la muerte de una mujer en la norteña región de La Libertad.

El primer ministro, Alberto Otarola, confirmó el 19 de enero el fallecimiento de cuatro ciudadanos haitianos y días más tarde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) elevó esa cifra a siete ciudadanos de ese país que quedaron varados, expuestos a adversidades climáticas y limitado acceso a servicios básicos, mientras que el 6 de marzo murieron los 6 militares, ahogados al intentar cruzar el río Ilave.

Las protestas, que tuvieron su epicentro en el sur del país, decrecieron desde inicios de marzo pasado, aunque hasta ahora se mantienen de manera esporádica en algunas zonas de la región de Puno, fronteriza con Bolivia, por lo que el Gobierno prorrogó el pasado 6 de abril, por 60 días, el estado de emergencia en esa zona del país. EFE

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