¿Qué puede hacer el Consejo de Derechos Humanos por nosotros?

La próxima semana tiene lugar la gran cita anual de Naciones Unidas con los derechos humanos. La sesión de primavera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durará cinco semanas, del 28 de febrero al 1 de abril, y en ella participarán los principales diplomáticos y activistas de derechos humanos del mundo, que esperarán pacientemente para ser escuchados entre tanto discurso. 

A veces es demasiado fácil sentirse abrumado por todo el papeleo y el protocolo del Consejo de Derechos Humanos. Los 47 miembros de este órgano se sientan, día tras día, en la amplia sala del consejo, escuchando esos interminables discursos y esperando sus dos minutos para hablar y ser escuchados.

Por supuesto, el contenido de los informes es tremendamente grave; desde posibles crímenes de guerra contra la humanidad en Siria, Yemen o Myanmar, hasta la difícil situación de los niños soldados, pasando por la violencia contra las mujeres y la discriminación racial. Nuestro mundo sigue, día tras día, incumpliendo las normas de derechos humanos que todos nos hemos comprometido a defender.

No obstante, la cantidad de esos informes, la forma en que se abordan múltiples crisis de derechos humanos en un solo día, antes de pasar a la siguiente letanía de crueldad y miseria, puede resultar agotadora y, de alguna manera, insensibilizadora. A mí, y a mis colegas periodistas de la ONU en Ginebra, a menudo nos resulta difícil interesar a nuestros editores sobre lo que hace el Consejo de Derechos Humanos. Entre otras cosas porque, cuando ellos nos preguntan “entonces, una vez que han aprobado la resolución que condena a este o al otro país, ¿qué pasa después?”, nuestra respuesta es, “no mucho”. El Consejo no tiene poder para imponer sanciones, no puede procesar, sus investigadores nunca pueden detener a alguien como un presunto criminal de guerra y llevarlo ante la Corte Penal Internacional.

¿Un oído atento?

Entonces, ¿qué sentido tiene? Esa es la pregunta que intentamos responder en la edición de esta semana de Inside Geneva. Hablamos con investigadores y defensores de los derechos humanos y con personas que aportan a la ONU sus propios testimonios de atrocidades, a menudo con gran riesgo para ellas mismas y, con frecuencia, porque la ONU es su última y única esperanza.

Andrew Clapham, que actualmente forma parte del equipo de la ONU que investiga las violaciones en Sudán del Sur, nos cuenta que “la idea de que alguien escuche su historia y que se lleve el caso a Naciones Unidas es importantísimo”.

Pero, ¿es eso suficiente? ¿Es la labor de derechos humanos de la ONU simplemente una forma de asesoramiento, una manera de que las víctimas de violaciones hablen de su trauma?

Feliciano Reyna, defensor de los derechos humanos de Venezuela, explica que las revisiones periódicas de la ONU sobre el historial de un país, desde su defensa de la convención contra la tortura hasta los derechos de la mujer o los derechos del niño, permiten que los defensores de los derechos humanos participen, acudan a Ginebra para presentar su versión de lo que ocurre en su país. Este proceso, explica Feliciano a Inside Geneva, ha sido “absolutamente clave para avanzar en nuestro trabajo en materia de derechos humanos y situar a Venezuela en la agenda internacional y local”.

¿Programación de la agenda? 

Hablamos también con Collette Flanagan, cuyo hijo Clinton fue abatido por la policía de Dallas en 2013. Junto con muchas otras madres estadounidenses que han perdido a un hijo a causa de la violencia policial, Collette llevó su caso a la ONU, porque, según nos explicó, sus intentos en su propio país para obtener respuestas sobre lo que le había sucedido a su hijo, desarmado en aquel preciso momento, fueron “desestimadas por… el departamento de policía, no pudimos obtener ninguna respuesta sobre lo que le había sucedido.” 

La campaña de Collette se tradujo en un informe de la ONU sobre el trato a los afroamericanos. En la presentación de dicho informe el año pasado, la comisaria de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, estableció un vínculo directo entre la esclavitud y la violencia y la discriminación que sufren los afroamericanos en la actualidad. Afirmó que existía “una necesidad urgente de hacer frente a los legados de la esclavitud” e hizo un llamamiento para “reparar siglos de violencia y discriminación”, incluyendo “el reconocimiento y las disculpas formales, los procesos de búsqueda de la verdad y las reparaciones en diversas formas”.

Para Collette, el informe fue una clara e importante señal de que incluso el país más poderoso del mundo, con su repetida promesa de “libertad y justicia para todos”, no está por encima de la media internacional.

“Estados Unidos es una democracia”, afirma Collette. “Y se supone que tenemos que defender la vida y la libertad de todos los ciudadanos. Y eso no ocurre en Estados Unidos. Es un ataque atroz a la democracia, los derechos humanos y la libertad. ¿Cómo no va a intervenir Naciones Unidas?”.

¿Y qué pasa con los criminales de guerra? 

Una de las investigaciones más inquietantes que están llevando a cabo los responsables de derechos humanos de la ONU es la Misión de Investigación sobre Myanmar, que está analizando, entre otras cosas, el trato que recibe la comunidad musulmana rohinyá por parte del régimen militar gobernante en Myanmar.

En 2016 y 2017 más de un millón de rohinyás huyeron de una violencia atroz. Cuando la funcionaria de derechos humanos, Ilaria Ciarla, llegó a los campos de refugiados de Bangladés para tomar testimonios, entre ellos de madres cuyos bebés habían sido asesinados ante sus ojos, cuenta a Inside Geneva que su primera reacción fue de absoluta “incredulidad… ¿es esto posible? ¿Cómo pueden los seres humanos hacer cosas tan horribles a otros seres humanos?”.

El abogado australiano Chris Sidoti formó parte también de la Misión de Investigación y destaca la debilidad inherente a la incapacidad del Consejo de Derechos Humanos para exigir responsabilidades legales a los autores. “Sé que es posible que los carniceros de Myanmar responsables de lo ocurrido nunca sean llevados individualmente ante la justicia”, afirma.

Sin embargo, explica, las investigaciones de la ONU están creciendo silenciosamente. Los nombres de los autores, y todas las pruebas para condenarlos, están a disposición de los tribunales, nacionales o internacionales, que sí tienen el poder de juzgar y condenar.

“Estamos viendo casos judiciales en los principales tribunales internacionales que se ocupan de Myanmar”, señala. “La Corte Internacional de Justicia está estudiando nuestra denuncia, al igual que la Corte Penal Internacional”.

Y para Khin Ohmar, que ha dedicado su vida a la lucha por la democracia en su Myanmar natal, esto es un hito. “Sí, eso es por lo que he estado trabajando toda mi vida, no hay otro camino. Hemos permitido que los militares gocen de una impunidad absoluta durante mucho tiempo, y eso debe terminar”, afirma. “Estos criminales deben rendir cuentas ante la ley, y no hay ninguna ley nacional disponible, así que ahora necesitamos el derecho internacional para que den cuenta de todos los crímenes que han cometido contra el pueblo de Myanmar”.

Traducido del inglés por Carla Wolff