¿Un Tribunal de Deuda para países insolventes?
El Gobierno suizo analizará una propuesta para erigir un marco legal internacional que permita enfrentar de forma ordenada la eventual quiebra de un Estado.
Un grupo de 28 parlamentarios suizos apoya la moción que llama al Gobierno a presentar un proyecto “justo e independiente” de régimen de insolvencia para gobiernos que, como Grecia en el presente, enfrentan problemas graves de endeudamiento.
La citada moción afirma que un mecanismo de esta índole contribuiría a evitar futuras crisis internacionales de deuda y aseguraría la estabilidad de los sistemas financiero y monetario internacionales.
“Para conseguirlo, no obstante, el Gobierno suizo debe buscar apoyos internacionales y mecanismos para instrumentar el proyecto”, refiere el documento.
La propuesta se deriva de una iniciativa presentada por el senador zuriqués Felix Gutzwiller, del Partido Liberal Radical (PLR, derecha), e intensifica el debate de un tema que se ha mantenido cerca del corazón de muchas organizaciones no gubernamentales desde hace años.
Gutzwiller afirma que la falta de mecanismos internacionales para enfrentar la quiebra de los Estados alimenta la incertidumbre de los mercados financieros. Una prueba fehaciente de ello es Grecia, cuyo problema provoca volatilidad y especulación en los mercados sobre la capacidad del país para honrar los vencimientos que tiene en puerta.
“Si aquellos países que son acreedores carecen de certidumbre sobre el tipo de procedimiento del que deben echar mano cuando un Estado deudor cae en moratoria, la incertidumbre crece a niveles peligrosos”, señala a swissinfo.ch Gutzwiller.
“Y dicha incertidumbre puede reducirse si existen protocolos claros a seguir en estos casos. Crearlos es una tarea vital que tienen frente a sí los gobiernos, y este tema debe convertirse en prioridad de las agendas de las principales potencias económicas de Europa y del extranjero”.
Cerca de casa
Suiza fue el primer país que sugirió, en los años 90, establecer reglas internacionales para manejar un proceso de quiebra soberana y la consecuente negociación con acreedores internacionales. Pero abandonó el proyecto cuando descubrió que el apoyo internacional para una iniciativa de esta índole era insuficiente.
En 2001, en los albores de la declaración de cese de pagos por parte del Gobierno de Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) intentó también reunir el apoyo necesario para crear un mecanismo de reestructuración de deuda soberana (conocido entonces como SDRM, por sus siglas en inglés), que pretendía incluir en los tratados que firmaba con sus países miembros. Pero la iniciativa fracasó.
El director general de la ONG Acción Plaza Financiera Suiza, André Rothenbühler, asegura que la situación actual de Grecia atiza el interés y los apoyos destinados a crear reglas para abordar la insolvencia internacional.
Noruega ha manifestado su respaldo a un proyecto de este tipo y varios jugadores clave de la escena política alemana, comenzando por la canciller Angela Merkel, coinciden en la necesidad de establecer reglas internacionales para el manejo de las economías en quiebra.
“La idea se ha vuelto parte capital de los debates financieros internacionales y la conciencia sobre la importancia de este tema es mucho mayor en el presente que en los años 90”, precisa Rothenbühler a swissinfo.ch.
“La posibilidad de que un estado quiebre y deje de pagar sus compromisos de deuda ya no es un hecho lejano, es una realidad que está teniendo lugar aquí en Europa, entre uno de nuestros vecinos”.
Tribunal de deuda
Rothenbühler explica que el proyecto inicial de un régimen para manejar la insolvencia de los Estados incluiría un arbitro de primera instancia, una figura “informal” e independiente que intente mediar y resolver el problema en curso, antes de pasar a un Tribunal de Deuda Internacional, que estaría a cargo de negociar la reestructuración de pasivos entre el Estado deudor y sus acreedores.
El proceso tendría que incluir también el establecimiento de una serie de criterios que el Estado en cuestión tendría que reunir antes de que el trabajo del árbitro independiente comience. Reglas que tendrían que asegurar que los gobiernos con problemas de solvencia mantengan su capacidad para proveer a sus ciudadanos los servicios esenciales.
“Con frecuencia observamos, lo mismo en el pasado que en el presente, que cuando un país se halla inmerso en serios problemas de endeudamiento y riesgo de suspensión de pagos, se encuentra a merced de sus acreedores”, refiere Rothenbühler.
Gutzwiller afirma que espera una respuesta positiva a este proyecto por parte de los acreedores privados. Aclara, no obstante, que sabe que algunos hedge funds (fondos especulativos) y otros inversores con intereses en países africanos vulnerables, se resistirán a este propósito prefiriendo seguir “libres para ejercer presión, en vez de aceptarse limitados a respetar un marco internacional (para casos de insolvencia)”.
“Probablemente el punto más delicado ahora es ver si encontraremos consenso internacional con respecto a este debate”, añade Gutzwiller.
Influencia suiza
Claramente, obtener respaldo internacional para un mecanismo de este tipo y lograr consensos sobre la forma en la que tendría que operar será el principal reto de una nueva estructura internacional para atender quiebras soberanas.
Gutzwiller y Rothenbühler estiman que Suiza goza de una posición ideal para ser la promotora de esta iniciativa a escala internacional. Por una parte, su plaza financiera helvética juega un papel protagónico en el mundo. Por la otra, pertenece a organizaciones internacionales de envergadura como el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés), el Banco Mundial o las Naciones Unidas.
“Suiza está bien posicionada en organizaciones que podrían agilizar el avance de este proyecto”, sostiene Gutzwiller, quien se dice optimista con respecto al hecho de que el Gobierno suizo se disponga a aceptar su moción para abordar el asunto antes de que concluya 2011.
“Esta iniciativa sería una estupenda oportunidad para la plaza financiera suiza de destacar a escala internacional”, puntualiza.
La esencia de la moción refiere:
El Gobierno suizo recibe el mandato de presentar una propuesta para crear un marco internacional justo e independiente para la gestión de la bancarrota de los Estados con objeto de evitar futuras crisis de deuda y asegurar la estabilidad de los sistemas financieros y monetarios.
Asimismo, el Gobierno debe propugnar por conseguir apoyo internacional para la instrumentación de dicha propuesta.
La Acción Plaza Financiera Suiza es una de las ONG que más activamente han participado en la campaña internacional Desactivando las crisis de deuda.
La campaña llama al establecimiento de un Tribunal de Deuda justo, imparcial e independiente, que juzgue la legitimidad de las reclamaciones de pago de los acreedores cuando un gobierno se declara incapaz de pagar sus compromisos de deuda.
Una instancia que haría también la labor de arbitraje durante la negociación de acuerdos de reestructuración de pasivos entre deudores y acreedores.
La campaña defiende la idea de que dicha autoridad avale que, al realizar una renegociación y establecer nuevos compromisos de pago, los Estados deben garantizar que tendrán lo disfrutar de lo suficiente para proveer de servicios esenciales a sus ciudadanos.
Esta iniciativa incluye las posiciones que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, presidente del G-20 en 2011, ha manifestado sobre este tema.
(Traducción: Andrea Ornelas)
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