Ineficiencia de Estados latinoamericanos en seguridad
El paradigma ha cambiado: en los años 80, el violador era el Estado, hoy son los maras, los cárteles, los secuestradores, pero los Estados fallan en la protección de los ciudadanos. En materia de seguridad, "no dan la talla", sostiene Carlos Castresana.
Entrevistado en el marco de la Conferencia anual del Ministerio suizo de Exteriores ‘El futuro de la paz comienza en el pasado’, el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICG) acota que “el panorama es obscuro”.
“El denominador común es que son Estados ineficientes. No podemos decir fallidos porque funcionan muy bien en muchas cosas”, subraya el jurista, no así en su deber de proteger a la ciudadanía: “No saben o no pueden o no quieren o están corruptos o están infiltrados, pero el ciudadano está desprotegido”.
Los actores de la violencia actual son grupos criminales, “pero grupos que a veces son capaces de poner en jaque a todo un Gobierno”.
Conferencia anual
Bajo la consideración de que la reelaboración del pasado tras un conflicto debe asumir un rol fundamental en cualquier proceso de paz para reconocer el derecho de la víctima y evitar nuevos actos de violencia, la diplomacia suiza reunió el jueves (15.10.) en Berna a especialistas de diversos países en la conferencia anual de su División Política IV, responsable de los proyectos de la seguridad humanitaria.
Carlos Castresana, jurista español con una amplia experiencia en Derecho Penal, participó en el encuentro en donde habló de la situación en Guatemala, un país que luego de una prolongada guerra civil intenta reconstituir sus instituciones.
Refundar el Estado
“No ha vuelto el conflicto y de eso debemos estar todos satisfechos, pero la oportunidad que supone un acuerdo de paz, después de casi 40 años de conflicto armado, en el sentido de refundar el Estado, de hacerlo más democrático, más transparente, más al servicio de los ciudadanos, pues en buena medida se ha perdido”, señala en entrevista con swissinfo.ch.
En Guatemala, añade, el Estado no es funcional, resulta muy caro y no presta los servicios mínimos del Estado de derecho que debería prestar, y si esa refundación no se hizo en el contexto de los acuerdos de paz, “se tendrá que hacer de todas maneras porque no hay país que pueda vivir sin una administración de justicia mínimamente eficiente”.
El mandato de la CICG, creada en 2006 por acuerdo de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, incluye tres objetivos: investigar la existencia de cuerpos y ilegales y aparatos clandestinos de seguridad; prestar apoyo a la labor de las instituciones guatemaltecas en su tarea de procesar a individuos implicados en los grupos ilegales y proporcionar asistencia técnica al justicia local en su lucha contra la delincuencia.
Infiltraciones clandestinas
El sistema de justicia guatemalteco, amén de otros sectores, sufrió severamente durante los muchos años de conflicto armado. “Las instituciones ya eran débiles y tenían índices muy altos de corrupción antes de la guerra. Se empeoraron como consecuencia de la infiltración de estas estructuras clandestinas y hoy en día están simplemente casi colapsadas”.
Inquirido sobre la vinculación que existe entre los muchos años de guerra en Guatemala y las actuales organizaciones violentas, el Carlos Castresana asienta que “son como metástasis”, y explica que esos grupos estaban en muchos casos dentro de las instituciones desde su nacimiento porque fueron creados por la inteligencia militar para efectuar operaciones de contrainsurgencia.
Al término de la guerra, los acuerdos de paz establecen el desmantelamiento de esos grupos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, “pero claro está que no se disuelven espontáneamente ni tampoco con buenas palabras. Y los escasos intentos que se hicieron para lograrlo terminaron en el fracaso y los aparatos clandestinos ahí quedaron”.
Esas agrupaciones, continúa nuestro interlocutor, han evolucionado de manera negativa pero de forma casi natural en delincuencia común, y de ahí en delincuencia organizada.
No hay vacíos de poder
“Entonces, los mismos que antes hacían pasaportes falsos para propósitos, vamos a decir de espionaje, ahora siguen haciendo pasaportes falsos para venderlos al mejor postor. Y los que antes controlaban los puertos y aeropuertos para vigilar a la guerrilla, ahora los controlan para lucrar con el contrabandos de cualquier tipo, el tráfico de seres humanos, de armas, de drogas”.
Pero el fenómeno de los grupos emergentes no es exclusivo de Guatemala. De hecho, existe a lo largo del mundo entero, “pero yo diría que en la región de América Latina es especialmente preocupante”, subraya Castresana.
En los años 80 el violador era el Estado y los ciudadanos tenían que defenderse de las instituciones. Hoy en día el violador es un actor no estatal: son las maras, son los cárteles, son los que secuestran y asesinan y el Estado no protege, no llega, sentencia el jurista para concluir:
“Y eso hace que el panorama sea bien obscuro porque no hay vacíos de poder, es decir, donde el Estado no llega, llegan estos grupos y toman la responsabilidad y controlan el territorio”.
Marcela Águila Rubín, swissinfo.ch
Durante la Conferencia ‘El futuro de la paz comienza en el pasado’, la ministra suiza de Exteriores, Micheline Calmy-Rey exhortó a los Estados de la comunidad internacional a luchar contra la impunidad para la reconstrucción después de un conflicto.
Destacó que la contribución de Suiza en el tratamiento del pasado y la lucha contra la impunidad en países como Guatemala y Colombia, y los procesos de análisis de la Comisión Bergier parecen “haber reforzado nuestra credibilidad”.
Suiza incluyó en 2002 la lucha contra la impunidad a su política exterior, convirtiéndose en pionera en la materia.
Micheline Calmy-Rey insistió igualmente en la necesidad de la prevención. Luego de un primer foro contra el genocidio coorganizado por Suiza en Argentina en 2008, Berna llevará a cabo un segundo encuentro, con Buenos Aires y Tanzania, en Arusha, en diciembre próximo.
La Alta Comisaria de la ONU para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, estimó, por su parte, que la justicia y la paz “no son incompatibles”. Para ella, el debate está más bien ligado a la capacidad y a la voluntad de los Estados en llevar ante la justicia a los autores de “crímenes internacionales”.
Egresado de la Universidad Complutense de Madrid, este jurista español (Madrid, 1957) posee una amplia experiencia en materia de Derecho Penal.
En 2005, fue nombrado fiscal público del Tribunal Supremo de España.
De 1995 a 2005, trabajó en la Oficina del Fiscal Especial contra la Corrupción.
De 1993 a 1995, fue miembro de la Oficina del Fiscal Especial contra los tráficos de drogas.
Previamente ocupó las funciones de fiscal de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Cataluña, así como magistrado y juez del Tribunal Territorial de Madrid.
Trabajó también en la sede regional para México y Centroamérica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
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