Sociedad civil pide a Túnez reconsiderar su retirada de la Carta Africana de DDHH
Túnez, 28 mar (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil tunecinas e internacionales, como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), pidieron este viernes a Túnez reconsiderar su retirada de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que impedirá demandar al país norteafricano ante la corte regional.
«Esta retirada es una ilustración más del retroceso en materia de derechos humanos y del Estado de Derecho en Túnez desde que el presidente Kais Said acaparara poderes en julio de 2021», denunciaron once organizaciones en un comunicado conjunto.
Túnez comunicó esta decisión el pasado 7 de marzo ante la Comisión de la Unión Africana (UN), que entrará en vigor dentro de un año, y que imposibilitará que las personas y ONG con estatus de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos demanden a Túnez directamente ante la Corte Africana.
Según estas organizaciones, la Corte Africana ha estado a «la vanguardia en la denuncia y la pronta condena del retroceso en materia de derechos humanos y democracia» de los últimos años en el país norteafricano.
Este órgano jurisdiccional regional ordenó en 2022 la derogación de decretos presidenciales adoptados bajo el Estado de excepción y el que disolvía el Consejo Superior de la Magistratura además de ordenar restablecer la democracia constitucional.
En 2024, también suspendió el decreto que permitía al presidente destituir a jueces, sin embargo ninguna de estas decisiones aprobadas por la Corte Africana han sido aplicadas por las autoridades tunecinas, criticaron las organizaciones.
«Las autoridades tunecinas envían otro claro mensaje de desprecio e indiferencia hacia el sistema africano de derechos humanos y la rendición de cuentas en materia de derechos humanos en general», reprocharon las ONG.
Túnez se adhirió a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR) en 2007 y en 2017 aceptó la competencia de la Corte para recibir denuncias de violaciones de derechos humanos presentadas por personas y ONG.
Las demandas presentadas antes del próximo 7 de marzo de 2026 «continuarán su tramitación con normalidad y no podrán suspenderse debido a la retirada», adelantaron las organizaciones. EFE
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