Sociedad civil tunecina acusa al poder de intentar enterrar la justicia transicional

Túnez, 6 ago (EFE).- Una veintena de organizaciones humanitarias en Túnez reclamaron este martes la liberación inmediata de la expresidenta de la Instancia para la Verdad y la Dignidad de Túnez (IVD) Sihem Ben Sedrine, detenida el pasado 1 de agosto por un supuesto caso de fraude, y denunciaron un intento del presidente Kais Said de «enterrar» el proceso de justicia transicional iniciado en 2011.

La IVD, clave durante la transición democrática, fue creada en 2014 con el objetivo de investigar la corrupción y las violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1955 y 2013, que abarca desde el fin del protectorado, los regímenes de Habib Bourguiba- considerado padre del Estado tunecino- y Zine El Abidine Ben Al, hasta la post-revolución.

Tras la denuncia de un antiguo miembro, el juez de instrucción considera que Ben Sedrine habría falsificado el informe final, presentado en 2020 y que contiene recomendaciones para reformar instituciones como el poder judicial y el aparato de seguridad además de crear un departamento jurídico para el control de la financiación ilegal de partidos y asociaciones.

Los firmantes del comunicado, entre ellos la Federación Internacional de Derechos Humanos, consideran que esta persecución judicial «ilustra un enfoque vengativo y selectivo por parte de un régimen que ha optado por utilizar todos los medios para atacar a los defensores de los derechos humanos» al tiempo que exonera a los perpetradores de violaciones y priva a las víctimas de su derecho a una reparación.

Este proceso constituye además, subrayó, una «flagrante» violación de la ley, que prohíbe procesar a los miembros de la comisión sobre la base del contenido del informe final.

Además, explicó que el sistema judicial ha bloqueado sistemáticamente cerca de 205 casos remitidos por la IVD que involucraban a 1.500 personas- 1.200 de ellas relacionados con el Ministerio del Interior- acusadas de asesinato, tortura, desaparición forzada y malversación de fondos públicos entre otros.

En declaraciones a EFE meses antes, la detenida reveló enfrentarse desde finales de 2022 a seis procesos «vacíos» por su labor en esta institución, por lo que se le prohibió abandonar el territorio, y denunció la utilización de la Justicia por parte del Ejecutivo, que ascendía o transfería a aquellos magistrados que no seguían sus instrucciones.

Durante los cinco años de mandato, la IVD recibió 62.000 denuncias de particulares y organizaciones y llevó a cabo decenas de sumarios a través de tribunales especializados, en los que fueron incriminados antiguos ministros y altos cargos del Estado, incluido Ben Ali.

Tras entregar el informe a las autoridades, la ley estipulaba que el Gobierno disponía de un año para poner en marcha un plan de ejecución, supervisado por una comisión parlamentaria especial. Sin embargo, este proceso se vio totalmente apartado por la clase política ya que una gran parte de la opinión pública consideró que las indemnizaciones económicas destinadas a las víctimas priorizaba a los militantes islamistas.

Said, que se arrogó plenos poderes en 2021 para «rectificar» el proceso revolucionario, concurrirá en las próximas presidenciales del 6 de octubre de las que la mayoría de opositores que anunciaron su intención de participar en el proceso han sido procesados por la Justicia o se encuentran en prisión provisional. EFE

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